Una única puja por las casas de la EMVS

El Ayuntamiento insistió a los inquilinos que su contrato de diez años de alquiler social no se alteraría pese a pasar a manos privadas. Además, Lazora lanzó un comunicado en el que se afirmaba que se «mantendrán las condiciones de su contrato vigente» y «que los pisos se mantendrán en alquiler hasta 2020». Los pitidos y las pancartas llegaron a la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera, 13. Un centenar de vecinos se manifestaba mientras en el interior se decidía el futuro de sus casas. La indignación crecía según pasaba la subasta. Algunos de los afectados pudieron asistir a la puja aunque fueron desalojados cuando el ambiente comenzó a crisparse. Según Sergio Sanz de la Fuente, un portavoz de los inquilinos, «a Lazora les faltaba un documento pero les han dado tres días de plazo para subsanarlo». Frustrados, los vecinos se dirigieron a un acto del alcalde Ruiz-Gallardón en la residencia del embajador mexicano para abuchearle. Reunión improductiva El pasado jueves los abogados de los vecinos se reunieron con la EMVS para pedirles que parasen la subasta «pero se mostraron inflexibles» comentaban los afectados. Además, Virginia, una vecina de Carabanchel a la que desalojaron de la sede, afirmó que los vecinos pidieron al notario que anotase «que la subasta es ilegal y se negó».