¿Qué le pasa al sistema financiero? Sus propietarios y directivos han especulado con nuestros ahorros y, cuando ha estallado la crisis, no pueden recuperar la gran cantidad de dinero que prestaron para eso. Por ejemplo, han ganado mucho dinero financiando viviendas cuyos precios crecían hasta alcanzar niveles muy por encima de su valor real, alimentando la especulación. Con la crisis esa montaña de créditos se ha convertido en una trampa, dejando unas viviendas cuyo valor es menor que las hipotecas. El resultado son cientos de miles de familias desahuciadas (200 diarias de media) y los bancos al borde de la quiebra. Y todo ello lo han hecho con la colaboración de los gobiernos de turno y del Banco de España. ¿Cómo están salvando a los bancos y cajas? El Estado está dando crédito prácticamente ilimitado a los bancos, mediante préstamos o avales. Por ejemplo, Bankia-BFA recibe apoyo por más de 17.000 millones de euros, una cantidad que equivale a más de la mitad del gasto anual en desempleo. Bancos y cajas han tenido apoyo público por importe de más de 118.000 millones de euros, y tendrán más con la nueva «recapitalización» aprobada, otra inyección de ayudas públicas. Las cajas, saneadas con dinero público, se están vendiendo mejor postor y a precios de saldo. ¿Qué hace el Banco Central Europeo (BCE)? Está sosteniendo a los bancos privados mediante continuos préstamos o comprándoles deuda pública. Mientras los Estados dan ayudas millonarias a los bancos, el BCE presta a dichas entidades dinero al 1,5% de interés y, a su vez, éstas se lo prestan a los Estados al 3, 4, 5 o 15% ¿Por qué el BCE no presta directamente a los Estados? Porque entonces los bancos no ganarían dinero. ¿Qué consecuencias tiene esta intervención? Se está transfiriendo la deuda del sector financiero al Estado. En la época de bonanza económica, los beneficios eran privados y ahora, cuando llegan las pérdidas, con la aportación de dinero público nos obligan a asumirlas a todos por la ley del embudo. De hecho, gran parte de los beneficios de los bancos españoles provienen de la deuda pública que tienen. Así, mientras se paga más por la deuda pública se recorta el gasto social, los salarios y el empleo público. Es decir, que para pagar las deudas de los bancos, estamos teniendo que despedir profesores y personal sanitario, recortar las prestaciones por dependencia, etcétera. ¿Realmente las cajas están peor que los bancos? No, tienen los mismos problemas. La entidad con más morosidad inmobiliaria es el Banco Pastor. Se está aprovechando la crisis para permitir a la banca privada hacerse con los depósitos de las Cajas, que suponen cerca de la mitad del total estatal. Y, además, consiguen que la atención se centre en las cajas no en los bancos. ¿Qué supone su privatización? La destrucción de miles de puestos de trabajo, la práctica desaparición de la Obra Social, peores condiciones para los impositores modestos —la mayoría—, y un mayor riesgo para nuestros ahorros en próximas crisis. Los bancos son entidades privadas y, como estamos comprobando, pueden quebrar y nuestros ahorros irse al traste si no los garantiza el Estado. ¿Por qué quieren comprar las Cajas? En la medida que el Estado paga sus deudas, logran el control de unas entidades que en 2009 tenían unos recursos de clientes de 1.165.963 millones de euros, con lo que se garantizan una fuente de financiación. No hay más que fijarse en la guerra que hay entre los bancos por captar clientes. Y se quedan con las cajas a precios muy baratos, con rebajas del 70%. ¿Quién manda en los bancos? Sus principales accionistas, quienes con participaciones relativamente pequeñas, controlan y deciden lo que se hace con el ahorro de millones de personas. La familia Botín tiene un 2’4% de las acciones del Santander. En Bankia, los nuevos inversores tienen el 48% de la propiedad por 3.000 millones de euros y eso les permite decidir sobre 144.000 millones de euros en depósitos. ¿Quiénes son? Mapfre con casi el 5% de las acciones, el Banco Santander, el Popular y Amancio Ortega, las Koplowitz, junto con otras de las familias españolas más ricas. ¿A quién salvan? ¿Cuál es la alternativa? Realmente están salvando a los banqueros. Pagan la deudas que ha ocasionado su gestión con dinero público y dejan en sus manos el sistema financiero. En los bancos y cajas están depositados nuestros ahorros, domiciliadas las nóminas, las pensiones, el cobro del desempleo… es decir, la mayoría del ahorro de la sociedad. Las familias y las empresas necesitan créditos para poder funcionar. Si el sistema financiero tiene problemas, todos tenemos problemas. Es tan importante para la sociedad que debería ser público y de gestión pública. Las ayudas a los bancos europeos ascendían en julio de este año a 1,35 billones de euros. Con ese dinero se podría haber nacionalizado la mayor parte del sector financiero. No es una cuestión de banqueros «buenos» o «malos», en el sistema capitalista lo que mueve a los propietarios y directivos de las empresas es la obtención de la máxima ganancia en el plazo más corto posible, aunque eso tenga desastrosas consecuencias sociales. Por ejemplo, los bancos ganaban más dinero especulando con la vivienda que creando un parque público de vivienda a precios asequibles. De hecho, con vivienda protegida suficiente jamás hubiera habido la oleada especulativa en el ladrillo. ¿Entonces hay que dejar las cajas como estaban? No, las cajas no funcionaban bien, precisamente porque actuaban casi como bancos. La solución no es convertirlas definitivamente en tales, sino transformarlas en el pilar de una banca pública, por eso hay que nacionalizarlas. Eran entidades privadas bajo control público y queremos que se conviertan en entidades públicas bajo control democrático. Sin una banca pública, cualquier gobierno será prisionero de los «mercados», mientras que ésta permitiría emplear los ahorros de la sociedad en garantizar unos servicios públicos suficientes y de calidad, y en alcanzar el pleno empleo, digno. Eso sí sería ética y eficiencia a la vez. ¿Por qué conviene nacionalizar las Cajas? Éstas todavía están bajo control público, sus directivos han sido elegidos por las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los impositores, y han recibido del Fondo de Reordenación Bancaria (FROB) 17.225 millones de euros. Sólo Bankia-BFA ha recibido 4.465 millones y el Estado ya debería ser accionista mayoritario. Y ya hay cuatro cajas que han sido «nacionalizadas» de facto (CAM, Novacaixagalicia, Cataluña Caixa y Unim), pues el FROB ya tiene entre el 90 y el 100% de sus acciones. Las cuatro suponen casi el 20% del sector. ¿Y los salarios de los directivos de las cajas? Las indemnizaciones y los salarios millonarios son inaceptables, más aún cuando miles de trabajadores están siendo despedidos y en la obra social de las cajas, están en situación de precariedad y con salarios muy modestos. Además de a los directivos, hay que exigir responsabilidades a quienes tenían la responsabilidad de controlarles a ellos —comunidades autónomas, ayuntamientos, representantes de partidos y sindicatos, Banco de España, etcétera—. Sin embargo, las indemnizaciones de los ex-directivos —y los salarios de los que no se han ido, que también son millonarios— son el «chocolate del loro» de esta operación de privatización, y se está utilizando como una justificación para seguir con ella. Así no se resolverá el problema porque ese tipo de salarios y prácticas son las normales en las grandes empresas y en los bancos privados. Transformadas las cajas públicas, deben abolirse los privilegios de sus directivos, equiparando sus salarios a los de los trabajadores públicos. NUESTRAS PROPUESTAS 1. Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación. 2. Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondrán públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades. 3. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa. 4. Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias. 5. Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo. 6. Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico. 7. Garantías de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de desahucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas. 8. La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos. 9. Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente. 10. La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas. A todos aquellos a quienes os parezcan necesarias estas reivindicaciones os alentamos a que colaboréis a desarrollarlas, a difundirlas y a lograr que se lleven a cabo. Para ello os conminamos a sumaros a la Plataforma por la nacionalización de las Cajas. De momento, esta sólo existe en la Comunidad de Madrid, pero animamos a todas aquellas personas y entidades dispuestas a crearla en todas la comunidades autónomas. Especialmente importante es que se sumen a esta labor los trabajadores de las cajas, pues sólo la conversión en públicas puede poner fin a la destrucción de empleo y al deterioro cada vez mayor de las condiciones laborales de la mayoría. No obstante, salvo a la minoría multimillonaria que se beneficia de la privatización, se trata de una reivindicación que interesa a la inmensa mayoría de la sociedad pues una banca pública fuerte es una condición imprescindible para defender y desarrollar los servicios públicos y lograr empleo digno para todos. www.nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com [email protected]
