Miles de vecin@s de todo Madrid se pronuncian en contra de la privatización del Canal de Isabel II

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La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y las asambleas populares del 15M, con la colaboración de numerosas asociaciones de vecinos, instalaron el pasado domingo 319 mesas en 50 municipios de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo una consulta ciudadana sobre la privatización de la empresa pública. Escrutados los votos de 293 mesas, 165.860 personas de las 167.710 que votaron se pronunciaron contra la privatización de la empresa pública. En la mesa que colocó AVIB en el bulevar de la calle Berrocal votaron 436 vecin@s, de los cuales sólo 12 se mostraron a favor de la privatización del Canal. La Asociación de Vecinos de Los Rosales colocó otra mesa en la estación de Cercanías de Villaverde Bajo donde participaron 513 personas, con lo que casi 1.000 vecin@s del barrio de Butarque participaron en la jornada de consulta. Según los portavoces de la Plataforma, con la consulta se ha querido dar voz a las madrileñas y madrileños sobre un asunto de capital importancia que “no aparece en ningún programa electoral” y que el Ejecutivo regional está gestionando “a espaldas de la ciudadanía”. En palabras de Enrique García, de la Asamblea Popular del 15 M de Tetuán: “hace unos meses la ciudadanía no sabía nada de la privatización del Canal” y, gracias a la “exitosa” acción de ayer, “ya se ha informado gran parte de la población”. El gobierno de Madrid, que “no se ha dignado a respondernos tras las 35.000 firmas que registramos el pasado mes de diciembre exigiendo una consulta popular y no ha puesto fecha aún al debate que está obligado a promover en la Asamblea de Madrid como consecuencia de la Iniciativa Legislativa Municipal presentada por seis ayuntamientos que representan a más de 600.000 ciudadanos, no puede ignorar ya este clamor popular”, han subrayado los portavoces de la Plataforma. Sobre si la consulta tiene o no carácter vinculante, en palabras de la Plataforma y del 15M tiene toda la validez política. “Que sea vinculante depende de la voluntad política del equipo de Gobierno de Madrid”, han apuntado.