Si no fuera porque detrás de la historia hay personas, familias, parecería un sainete. 68 familias de San Cristóbal piden una «salida social» a su problema: ser embargados por impago de una hipoteca sobre unas viviendas que se demolieron por ruina, o ser desahuciados por no pagar el alquiler a la EMV. Su situación económica no permite afrontar ambos recibos. La situación roza el absurdo, si no fuera porque oculta otro drama insoslayable. 68 familias de San Cristóbal de los Ángeles se enfrentan a la disyuntiva de pagar la hipoteca de unas casas que ya no existen, porque fueron demolidas hace años por ruina, o pagar el alquiler del piso en el que la Empresa Municipal de la Vivienda les realojó, y que ahora ha subido por haber terminado, supuestamente, el plazo de actuación del Área de Rehabilitación Integral del barrio. “Estamos hablando de pagar unos 1.200 euros al mes entre hipoteca y alquiler –relata Cristina, una de las afectadas– cuando la mayoría estamos en paro o tenemos salarios de 600 euros”. Y la elección es muy complicada: “Si no pago la hipoteca, me embargan la nómina y van contra quienes nos avalaron –familiares, antiguos novios– pero si no pago el alquiler, la EMV me desahucia en dos meses”. En esta situación están abuelos, familias con niños, jóvenes que ya habían pagado su hipoteca “a cambio de humo”, pero figuran como propietarios, por lo que no pueden optar a viviendas de protección pública e incluso pagan IBI y tasa de basuras por una casa que no existe. Las casas que originaron este problema estaban en la calle de Rocafort, en San Cristóbal de los Ángeles, un Área de Rehabilitación Integral en la que muchos vecinos se han beneficiado de ayudas para arreglar bloques con 50 años a sus espaldas. Pero los números 40 y 44 de Rocafort tenían tantas deficiencias que acabaron por ser tirados en 2010. «Cuando yo compré mi casa estaba recién pintada y monísima, sólo nos dijeron que había que arreglar algo en la escalera: al poco tiempo, a mi vecina le salió una grieta en la pared por la que veía la calle». Se supone que deberían pedir otra hipoteca para levantar de nuevo sus casas, pero como ya tienen un crédito, también es imposible. Rafael Mayoral, abogado de los afectados, pide una “salida social” a todas estas familias, y recuerda que esta situación parte de unas tasaciones hipotecarias de las viviendas “que no reflejan los defectos y le daban valores sin pies ni cabeza”, por lo que no descartan acciones legales contra los bancos, o incluso contra las inmobiliarias que vendían las casas y mostraban los pisos «con una bombilla de 25 vatios para que no viéramos los defectos». “Abriremos la Caja de Pandora si es necesario”, anuncia el abogado.
