El Observatorio Social pide un debate monográfico sobre la Ley de la Dependencia

Han transcurrido cerca de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Durante este tiempo, los datos referidos a la gestión y aplicación de la ley por parte del Gobierno regional de Madrid se han mostrado tozudos. Según los últimos datos oficiales disponibles, Madrid es la penúltima región, sólo superada por Canarias, en número de solicitudes tramitadas: 1,73% frente al 3,06% de media nacional. En dictámenes, es decir, en personas valoradas, la región de Madrid ocupa el mismo lugar, nuevamente superada por Canarias, alcanzando una media de 1,55% frente al 2,78% de media nacional. Preocupante es también el incremento de la lista de espera. El 37% de las personas que tienen derecho a percibir prestaciones y servicios siguen esperando, concretamente 23.669 personas, 1.253 más que el mes anterior. Sin embargo y, a pesar de que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Sanidad y Política Social elabora sus estadísticas con la información que remiten las comunidades autónomas, el Gobierno regional no reconoce esos datos. A juicio de las organizaciones que forman parte del Observatorio Social (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, CCOO-Madrid, UGT-Madrid y CECU-Madrid), uno de los elementos que dificultan el seguimiento del desarrollo de la Ley en la región es, precisamente, la falta de transparencia en la gestión y la opacidad de los datos referidos a la aplicación de la ley. Por ello, señalan, “es importante que la situación de la aplicación de la Ley se debata abiertamente en el que es el escenario de la expresión de la voluntad política de la ciudadanía por excelencia en nuestra región: la Asamblea de Madrid”, una demanda que ayer trasladaron a la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Maru Menéndez. Para el Observatorio es “imprescindible” que la Administración autonómica “abandone esta senda de gestión ideologizada y convierta la Ley de Dependencia en una prioridad y no en mecanismo de boicot y confrontación política con el Gobierno central”, por lo que añade a sus demandas la creación de un espacio institucional permanente que garantice la participación de la sociedad madrileña en el seguimiento del desarrollo de la Ley, una petición que ya trasladaron a la Defensora del Pueblo el pasado mes julio.