Rebelión en la escuela privada

Los colegios privados eran los únicos que guardaban silencio. Hasta ahora. Un grupo de 25 colegios de élite (con 25.000 alumnos, según sus estimaciones) ha creado una nueva asociación que nace con críticas al modelo educativo de la Comunidad de Madrid. Aseguran que el Gobierno de Esperanza Aguirre potencia «demasiado» la oferta concertada de la región, con nuevos centros cuyas cuotas voluntarias se parecen a sus propias tarifas. Denuncian competencia desleal de estos colegios y alertan de que, si la crisis continúa, pueden perder más alumnos y presencia, tras tres años de leve caída en la matriculación de los centros privados. Piden a las claras que los fondos de la Administración se destinen a centros públicos con oferta gratuita. Ahora que han abierto la boca, su reclamación se solapa con el otro extremo. Lanzan el mismo mensaje que repiten desde hace años tanto sindicatos como asociaciones de directores y docentes: que Madrid respalde más a la educación pública. El grupo de los disidentes -con nueve instituciones a las que pertenecen colegios como Estudio, San Patricio o la institución Sek- son una escisión de la patronal nacional Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade). Sus 25 escuelas suponen un 14% de los 180 colegios madrileños incluidos en la Acade, con más de 3.400 centros educativos en España. La región ha sufrido «un crecimiento tremendo de la educación concertada que ha desequilibrado el escenario educativo», según Gabriel Castellano, director del colegio San Patricio y presidente de la nueva entidad (Asociación de Colegios Privados Independientes-Círculo de Calidad). Según datos del Ministerio de Educación, en la última década el número de alumnos de centros concertados en Madrid ha crecido un 34%, casi el triple que en los públicos y más del doble que en los privados. En España, el incremento de la concertada se sitúa en un 14% en el mismo periodo. Su queja no queda ahí. Reclaman que las familias de sus alumnos tengan exenciones fiscales porque, señalan, ellos ahorran dinero al Estado al escolarizar y pagar una plaza. Y piden más autonomía para elaborar sus currículos, algo que la Consejería de Educación no ve con malos ojos.Los 25 colegios que forman la nueva asociación pertenecían hasta antes del verano a la mayoritaria Acade. Tras enviar cartas de queja y organizar una asamblea, se desligaron de la patronal, a la que acusan de «vivir en una contradicción» por representar también los intereses de centros concertados. Pidieron incluso la dimisión del presidente por administrar uno de estos centros. «No se pueden tener intereses en los dos sectores», critica el disidente Enrique Maestú, director del colegio Virgen de Europa. Desde Acade matizan que el colegio es una concesión que se reclamó desde la Universidad Alfonso X El Sabio para un proyecto de la Facultad de Magisterio. «No tiene importancia y además nuestro presidente ya administraba un centro concertado cuando accedió al cargo hace 18 años», explica Javier Hernández, secretario general de Acade. «No deberían separarse en un momento de crisis en el que lo que necesitamos es unión», critica. La patronal mayoritaria no respalda el discurso del nuevo grupo contra la potenciación de la escuela concertada. «Estos centros suponen una competencia complicada en época de crisis», asegura Hernández, «pero no debemos olvidar que en Madrid el sector privado es muy fuerte, porque aquí está casi el 45% del total del país». «La administración madrileña está favoreciendo una reconversión encubierta del modelo educativo. No potencia la enseñanza pública, sino un híbrido que ha roto el equilibrio que existía», asegura Nieves Segovia, presidenta del grupo Sek y portavoz de la nueva asociación. «Y eso es una competencia desleal para nosotros», añade. Los privados admiten y defienden el trabajo de los centros concertados ligados a congregaciones religiosas que, aseguran, no buscan ganar dinero con sus proyectos educativos. Centros, como los 320 colegios de Fere (la patronal católica), que piden a las familias donaciones mensuales que rondan los 30 euros frente a las cuotas de 350 a 700 mensuales que se paga al mes en un centro privado, según estimaciones del sector. Lo que quieren frenar, dicen, es lo que llaman el modelo de las «escuelas negocio», centros concertados que incrementan sus cuotas voluntarias (en ocasiones sin dejar claro que lo son) por encima de los 100 euros y que se benefician de la política de cesión de suelo público para construir sus colegios. «Estos nuevos centros han subido mucho las cuotas y tienen ánimo de lucro; ganar dinero con suelo y fondos públicos no nos parece bien», añade Gabriel Castellano, del San Patricio, que solicita a las administraciones (tanto regional como nacional) que ejerzan un mayor control «para evitar estos abusos». El director del Virgen de Europa, Enrique Maestú, cuenta su propio ejemplo. Asegura que, en un radio de cinco kilómetros de su colegio en Boadilla del Monte, se han construido cinco centros concertados con cuotas «similares» a los suyos. «Aún no me afecta su presencia porque son muy nuevos, pero cuando se hayan asentado, no podremos competir con ellos», según Maestú. «Si prosigue esta política agresiva del concierto habrá centros que cierren», añade Nieves Segovia, presidenta de SEK. «No representamos una competencia desleal porque las familias deben saber que nuestras cuotas son voluntarias», replica Emilio Díaz, portavoz de los centros católicos de Fere. «Otra cuestión es que la ley no plantee limitación cuantitativa, pero la clave es que se conozca que el pago es voluntario». Otra de las patronales de la concertada, la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza (Amepe), representa a 70 centros y cobra cuotas de 30 a 170 euros mensuales, según su presidente Adolfo Aguiló. «No nos consta que haya centros concertados que cobren más», asegura. Aguiló admite que la mitad de sus representados «pueden tener ánimo de lucro», pero cree que ese no es el problema de los centros privados: «Están pasando una mala racha por la crisis económica, no por nosotros», concluye. Los centros privados (y en esto coinciden tanto la vieja patronal como la nueva asociación) reclaman además exenciones fiscales y ayudas económicas a las familias y más autonomía a la hora de elaborar sus programas educativos. «Si una familia elige un centro privado es, entre otras cosas, porque quiere una educación diferente. Si se la ofrecen gratis o no puede ser diferenciada, ¿para qué vendría a nuestros centros?», según Hernández, de Acade. Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que ambas peticiones, históricas en el sector, se están valorando sin que haya tomado aún una decisión sobre ellas.