Los vecinos del barrio de Butarque, en Villaverde, llevan más de cuatro años levantados contra la construcción de una gasolinera en la calle Hulla, a apenas 15 metros de varios bloques de viviendas, y en un solar colindante a otro donde está previsto la construcción de un centro de salud. Pese a los recursos interpuestos por los vecinos ante el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, las obras, que empezaron hace un año, han seguido ejecutándose en la parcela. «Que las obras se lleven a cabo puede hacer pensar que hemos arrojado la toalla, o que todo está perdido, pero nada más lejos de la realidad», señalan desde la asociación de vecinos de Butarque, que considera que se han cometido diversas «irregularidades» por parte de las administraciones. La primera, que antes de concederse la licencia por parte del Consistorio, no hubo un proceso de información pública ni notificación a los vecinos «tal y como exige la ley». «Ni siquiera pusieron el cartel informativo en la parcela donde va ir la gasolinera cuando estaban obligados a ponerlo», señala Silvia Nuñez, de la Asociación de Vecinos de Butarque. La segunda, que hubo «irregularidades» en la concesión de la licencia, ya que cuando el Ayuntamiento de Madrid archivó en un primer momento el expediente de la licencia -al no presentarse la obligatoria Declaración de Imapacto Ambiental-, lo volvió a abrir meses más tarde cuando sí se presentó ésta sin tener que iniciarse de nuevo todo el proceso, algo que, según el colectivo, es «irregular». Tercero, que precisamente el Estudio de Impacto Ambiental que se hizo en su momento no «tuvo en cuenta que en la parcela donde estaba prevista la obra es colindante a otra destinada a un centro de salud» ni que a 700 metros haya ya otra gasolinera, añade la portavoz vecinal, que suma otro borrón administrativo en el proceso. «La parcela se encuentra en los cantiles del Manzanares, una zona de interés arqueológico, y antes de cualquier obra Patrimonio debería haber dado su visto bueno, pero un mes y siete días antes de que resolviera el expediente, se vació el terreno, se empezó la obra», dice la portavoz. Por todos estos motivos, los vecinos presentaron el pasado enero una demanda contra la concesión de la licencia, que fue admitida por el Juzgado nº 28 de lo Contencioso-Administrativo. «Estamos a la espera del juicio que determine quién lleva razón», matizan desde el colectivo. En paralelo, han recogido más de 2.500 firmas en contra de la gasolinera, que consideran «una instalación peligrosa, en la que se pueden producir accidentes que pongan en riesgo a los vecinos del entorno». La gasolinera contará con un edificio de 300 metros cuadrados divididos en dos plantas (tienda y oficinas), dos tanques de 70.000 litros cada uno, seis surtidores de cuatro mangueras, un puente de lavado automático y seis de lavado manual, seis aspiradoras y siete plazas de aparcamiento. «Las emisiones de una estación de servicio», señalan, además, «pueden poner en riesgo la salud de las personas que viven cerca, a lo que hay que sumar los problemas de ruidos y olores que acarreará», sobre todo estando a «tan pocos metros de las viviendas y de las dos zonas infantiles». Según la asociación de vecinos, estudios recientes de la Universidad de Murcia demuestran que los efectos de la contaminación de las gasolineras, «con agentes cancerígenos como el benceno», se perciben desde los edificios que están a menos de 100 metros. Tras uno de los múltiples recursos presentados -también han remitido una carta a la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella-, la Dirección de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid anunció a la asociación de vecinos en septiembre pasado que iba a realizar una inspección del proyecto para certificar que no había habido ninguna irregularidad en el proceso, admitiendo que no lo había hecho antes por carencia de inspectores. Roberto Becares – El Mundo
