En la reunión de la Junta Directiva de la FRAVM celebrada el pasado 3 de noviembre, el equipo directivo de la Federación vecinal aprobó una resolución por la que rechaza el proyecto de Presupuestos Regionales para 2011 presentados el pasado 28 de octubre por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en tanto que son un ejemplo de la estrategia conservadora de salir de la crisis haciendo recaer sobre las clases trabajadoras las peores consecuencias de la misma. Son unos presupuestos insolidarios, antisociales, antiecológicos y no ayudan a recuperar la economía y crear empleo. En medio de una crisis económica que ha llevado al desempleo en nuestra región a más de 550.000 personas, la acción de las Administraciones públicas debe encaminarse prioritariamente a potenciar la creación de empleo y a profundizar el bienestar social. Para ello es crucial centrar los esfuerzos en el fortalecimiento del tejido de actividades económicas, la sostenibilidad medioambiental, las políticas activas de empleo, la mejora y ampliación de las prestaciones sociales, la red de equipamientos, la rehabilitación del parque de viviendas en mal estado, la promoción de vivienda pública en alquiler… Los Presupuestos que propone el Gobierno regional para 2011 se apartan de estos objetivos como muestra una rápida lectura de los mismos: Nos encontramos con unas cuentas fuertemente restrictivas, que no dejan lugar a dudas respecto a la nula voluntad de animar la economía y, por tanto, el empleo apelando al gasto público. El total de los gastos no financieros se sitúa en 16.700 millones de euros, 1.659 millones menos que los presupuestados en 2010. Esta reducción del 9% se añade al descenso que ya se ha hecho este año sobre 2009. El gasto previsto para 2011 nos retrotrae a 2006. La renuncia del Gobierno regional a estimular la actividad económica y la ocupación se plasma de manera meridiana en la disminución de las inversiones reales en un 18,4%, cuando ya este año han sufrido un fuerte recorte. La partida se ve achicada en nada menos que 200 millones de euros, para quedarse en 878. La contracción afecta a la mayoría de los renglones del gasto. Pocos capítulos se salvan, pero en particular retroceden los esenciales en la articulación del Estado de bienestar: sanidad, educación, vivienda y servicios sociales y atención a las personas dependientes. Desciende el importe presupuestado en educación infantil y primaria (un 2,9%), en secundaria y bachillerato (un 5,4%), en enseñanza universitaria (un 1,2%), en atención primaria (un 0,7%), en infraestructuras sanitarias (un 22,2%), en construcción de viviendas públicas (un 15%), en rehabilitación de viviendas (un 43,2%), en atención a los mayores (un 1,9%), en prestaciones económicas a las personas dependientes (un 9,4%), en centros de atención a las mujeres maltratadas (un 10,5%), en apoyo a los inmigrantes (un 50,9%) y así un largo etcétera. Tampoco se salvan capítulos tan importantes para cambiar el modelo productivo como el plan regional de investigación (que baja un 7,7%) o la innovación (un 15%). Se comprimen las ya raquíticas ayudas a la PYME (un 29,3%). También se contrae un 4,6% la partida destinada a la compensación de los usuarios del transporte público, lo cual significa que a primeros de año subirán y mucho las tarifas. Esta partida pierde nada menos que 56 millones de euros, situándose en 1.154 millones. El medio ambiente no sale mejor parado: el dinero destinado a parques naturales baja un 35%. El documento de la propuesta del Gobierno regional presume de que, desde 2003, se ha ahorrado a los madrileños unos 15.000 millones de euros en impuestos. Lo que no dice el documento es que esa rebaja ha sido selectiva, tanto que la mayor parte del regalo se la han embolsado los contribuyentes que más tienen. Por otra parte, la rebaja no ha sido tal, pues la han pagado la mayoría de los madrileños en forma de tarifas del transporte que crecen mucho más que el IPC, de negación sistemática de prestaciones a las personas dependientes, de listas de espera hospitalarias y en atención primaria, de muy alto déficit de plazas públicas de educación infantil, de fuerte deterioro de la escuela pública, de una universidad en la que la estrechez de recursos está dando lugar a situaciones ridículas, de subinversión en parques naturales, de una tremenda ralentización en la rehabilitación de los edificios y la supresión de barreras arquitectónicas… La generosidad fiscal no se queda sola, sino que va acompañada de una participación creciente de las grandes empresas privadas en los presupuestos. Así, por ejemplo, los conciertos educativos cuentan con una dotación de 850 millones de euros, el pago por el peaje de la M-45 y otras carreteras (M-407, M-511 y M-501) suma 100 millones de euros y los pagos por prestación de servicios privados de sanidad se elevan a más de 735 millones. La FRAVM nos pronunciamos por: 1) la elevación del gasto público en una triple dirección: el desarrollo de políticas valientes de estímulo de la actividad económica, que tiren del empleo; la profundización del Estado de bienestar y, concretamente, en los ámbitos de la salud, la educación, la atención a las personas dependientes, la vivienda y la integración y cohesión sociales; y el impulso de un modelo de economía sostenible, que requiere, entre otras, una movilidad basada en el transporte público y una apuesta decidida por las energías renovables no contaminantes. 2) La aplicación de una fiscalidad erigida sobre los principios de la suficiencia de recursos y la progresividad.
