Los recortes dejan a la escuela pública tiritando

La escuela pública va a pagar como pocas instituciones las consecuencias de la crisis económica. El Ministerio de Educación tratará hoy de frenar a un grupo de comunidades autónomas de distinto color político, lideradas por Murcia y Madrid, que están decididas a llevar a cabo un recorte salvaje de plazas fijas de profesores para el próximo curso. El Gobierno, que fijó la tasa de reposición de funcionarios jubilados en un 30%, se reunirá hoy con las consejerías para que cumplan al menos con ese porcentaje de contratación. Los sindicatos pusieron ayer el grito en el cielo al conocer que gran parte de los 300.000 opositores a maestros en 2011 60.000 interinos y 250.000 aspirantes, según datos de CCOO serán abandonados casi a las puertas del tribunal. Las oposiciones acordadas con los sindicatos deberían convocarse durante la segunda quincena de marzo. El Gobierno de Murcia fue el primero en atreverse, hace apenas un mes, a anunciar que no convocaría plazas y que cubriría con interinos las vacantes. Continuó Madrid y después se apuntaron Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Canarias y Asturias. La indignación de los sindicatos, junto con la presión de los partidos políticos y el Ministerio de Educación, llevó ayer a la Comunidad de Madrid a rectificar. «Se convocarán oposiciones siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad», respondió la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a una pregunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Tan sólo Aragón y Andalucía habían anunciado que cubrirían el 100% de las jubilaciones. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó de «tremenda» la suspensión de la convocatoria de plazas. Un recorte del 10% Las comunidades autónomas se acogen a la Ley de Presupuestos, que les exige un recorte del 10%, para justificar el tijeretazo. «Es una excusa falsa porque no reducirán el gasto público. Las plazas las cubrirán con interinos», lamenta el portavoz del conservador sindicato ANPE, Mariano Fernández Casado. Todos los sindicatos presentaron ayer un manifiesto contra los recortes de oposiciones que, de llevarse a cabo, supondría, en su opinión, «el mayor atentado a la educación pública desde 1978». Junto a los aspirantes que han pagado academias de preparación para la frustrada convocatoria, los interinos son los principales afectados por la falta de plazas fijas. En comunidades autónomas como Balears o Navarra, donde la intención es ofrecer las mínimas plazas posibles, la interinidad afecta al 20% de la plantilla. «El objetivo en 2007 era alcanzar el 8% de temporales o precarios y algunas comunidades lo han conseguido, pero a este paso volveremos a las andadas», denuncia el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López. Algunos gobiernos autonómicos prepararon el terreno en los cursos pasados para este escenario. La Comunidad de Madrid, en plena vorágine de la campaña contra los sindicatos, aprobó hace siete meses un plan de «medidas urgentes» que recortaba las vacaciones de los profesores suplentes, los años de excedencia por formación y los «liberados» sindicales para ahorrar 40 millones de euros. «Ya está bien de cobrar por no trabajar», explicaron en el departamento de Educación de Esperanza Aguirrepara justificar que los interinos debían ahora trabajar más de 5,5 meses para tener vacaciones. Ocho euros más barato Un cálculo de la UGT señala que para la Administración un trabajador interino tiene un coste público de ocho euros menos que un funcionario con plaza fija. Sin embargo, a largo plazo, el ahorro es ostensible. Eso sí, a costa de un progresivo deterioro de los centros públicos. «Los recortes se van a notar en la ratio de alumnos por profesor y en los programas de apoyo necesarios para mejorar el rendimiento escolar», advierte el portavoz del sindicato CSIF, Eliseo Moreno. La precariedad laboral de unas plantillas de docentes cada vez más escuálidas tendrá un punto de inflexión en 2011, al cumplirse el último año para que los profesores interesados se acojan a la prejubilación incentivada a los 60 años, como preveía la LOE (Ley Orgánica de Educación) para rejuvenecer el cuerpo de docentes. Hace justo un año, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, abogó por el retiro laboral a esa edad y la prórroga de la jubilación reconocida en la citada ley. «El Gobierno no se puede esconder ante este fraude a los interinos. Debe obligar a las comunidades autónomas a asumir su responsabilidad», reclama el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos. Los sindicatos reclamaron al Ministerio de Educación una labor de coordinación que evite la insolidaridad entre comunidades autónomas. Si finalmente sólo se convocan oposiciones en Andalucía y Aragón, estas regiones asumirían a los opositores de casi toda España. Las autonomías bilingües, que sí convocarán oposiciones, evitan de manera natural a los opositores que no dominen el catalán, el gallego o el euskera. La citada insolidaridad se contagió entre comunidades y ha llevado a algunos colectivos de interinos a pedir la suspensión de la convocatoria de plazas ante un posible incremento de la competencia. «La situación laboral es tal que prefieren quedarse con trabajo temporal a luchar por una plaza fija. Pero son cortoplacistas, porque por no prepararse unas oposiciones, a la larga, no tendrán ni sustituciones de baja por embarazo», reprochan fuentes sindicales. La Junta de Andalucía constituye una excepción en todo este proceso de recortes. Con un enorme sistema educativo formado por 1.424.860 alumnos y 97.970 docentes (sin contar la concertada), ha convocado cerca de 3.000 plazas de docentes para este año. No solo cubrirá el 100% de las 4.222 jubilaciones previstas sino que aumentará su cuerpo de profesores en 680 funcionarios, informa Ángel Munárriz.