En la Comunidad de Madrid, los niveles de pobreza, paro y precariedad han aumentado notablemente en la última década. Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el mes de junio de 2016, en Madrid había 425.540 personas desempleadas de las cuales sólo 200.248 se beneficiaban de alguna prestación, es decir, sólo el 47,06% del total. Ahondando en este sentido, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el INE reflejan que en el segundo trimestre de 2016 se registraron en la Región 549.200 personas sin empleo, de las cuales 329.700 (el 60,0%) eran parados de larga duración. La EPA indica también que en nuestra Comunidad 147.400 hogares tenían todos sus miembros en paro.

Por otro lado, cuando se hace bandera de la Comunidad de Madrid como modelo de la recuperación económica y la creación de empleo, a menudo se obvia que la mayoría de puestos de trabajo generados son precarios y con bajos salarios. Esto ha generado una realidad cada vez más común: la del trabajador/a que, a pesar de serlo, no llega a fin de mes. Siempre según los datos del SEPE, de los 227.709 nuevos contratos de trabajo registrados en el mismo mes de junio en la Comunidad de Madrid solamente 33.291 fueron de tipo indefinido (14,62%), mientras que los restantes 194.418 fueron temporales, en alguna de sus múltiples variables existentes.

En los últimos 5 años, la Renta Media por Hogares en Madrid (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE sobre renta de 2015), ha pasado de 35.452€ en 2010, a 31.243 en 2015. En el informe publicado por Foessa, fundación ligada a Cáritas, en junio de 2016, Madrid continúa siendo (según el índice GINI) una de las regiones más desiguales de España (la número 14).

En este contexto de pobreza y precariedad crecientes, muchas personas tienen verdaderas dificultades para poder pagar y así utilizar el Transporte Público, a pesar de que éste es aún más fundamental si cabe en condiciones de desigualdad social.

Moverse libremente es un derecho fundamental que sólo puede ser garantizado mediante un sistema de Transporte Público accesible para todo el mundo. Sin embargo, en una región como Madrid, con capacidad de sobra para garantizar los derechos básicos de toda la población, las tarifas de un servicio esencial como es el transporte han aumentado notablemente en los últimos años, al tiempo que la capacidad de trabajadores y desempleados para poder pagarlas se ha resentido gravemente, convirtiendo el uso del transporte público casi en un impuesto de lujo.

Recordamos que desde 2010, con un IPC acumulado de un 8,7%, el aumento del billete sencillo ha llegado hasta al 100%, el Metrobús de diez viajes el 35% y el Abono Normal ha subido más de un 18,5% de media.

Son aumentos desorbitados teniendo en cuenta que los salarios de la gente no han experimentado tal subida, sino todo lo contrario. Esto hace que sea muy difícil y costosa la movilidad a un numeroso grupo de personas de nuestra Comunidad.

Sin duda, quien sufre las peores condiciones es el colectivo de desempleados/as, especialmente aquellos de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, y también las personas sin recursos o los jóvenes que acceden al mundo laboral con contratos temporales y de pocas horas. Las personas en esta situación encaran verdaderos obstáculos para la búsqueda activa de empleo, la realización de cursos y estudios o para ir al médico, al hospital, a las administraciones o a atender las necesidades familiares, sociales y culturales que todos tenemos.

A pesar de las peticiones y propuestas presentadas por diferentes colectivos sociales, no ha habido por parte de la Comunidad de Madrid una voluntad clara de tomar medidas dirigidas a facilitar el acceso al Transporte Público a todos esos colectivos sociales ya duramente castigados por la crisis, más bien se han aprobado propuestas que han perseguido más un fin electoralista que social, dadas las características y requisitos que se pedían. Sirva como ejemplo el abono de 10 euros para parados de larga duración que el Gobierno Regional promovió a finales de 2015 y que tendrían derecho a solicitarlo solo las personas apuntadas al PAE (Programa de Activación para el Empleo) por un periodo máximo de seis meses no renovable. Los datos oficiales del SEPE dicen que el pasado mes de junio estaban apuntadas al PAE 1.102 personas, es decir, solo el 0,26% del total de desempleados que había en ese momento en nuestra Comunidad.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

La creación de una Mesa Técnica con miembros de los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid para acordar los criterios económicos (costes y financiación) y sociales, para la creación de un Abono Social de transporte a precio reducido, dirigido a personas desempleadas o con escasos recursos, y el establecimiento de un Abono Social de transporte gratuito, para las personas pertenecientes a sectores de la población en riesgo de exclusión social y en situación de pobreza extrema. Este abono estará dirigido en su primera fase a desempleados de larga duración que no perciban prestación alguna.

Esta Mesa Técnica comenzará a trabajar de forma urgente una vez aprobada esta PNL, y tendrá unas primeras conclusiones antes dos meses, para así poder establecer de forma prioritaria las condiciones y requisitos para dotar en el año 2017 de un Abono Social gratuito ó a precio reducido al grupo de desempleados de larga duración.

Posteriormente la Mesa Técnica continuará con sus trabajos y estudios para progresivamente incluir, a lo largo de 2017, al resto de personas desempleadas y con bajos recursos económicos.

Dicha Mesa Técnica estará abierta a las organizaciones sociales y colectivos afectados, incluyendo a representantes de la plataforma ciudadana Madrid en Transporte Público (MTP), impulsora de la propuesta.