En concreto, las siete empresas reclaman a la Comunidad 59 millones de euros por inversiones adicionales realizadas durante la construcción de los hospitales a petición del propio Ejecutivo. A estos se le sumarían otros 21 millones en inversiones realizadas durante el «período de explotación», es decir, desde que se pusieron en marcha hace tres años. En total, ambos conceptos suman 80 millones, a los que hay que añadir una actualización del canon [cantidad fija que cada empresa ingresa anualmente] que las empresas cifran en más de 10 millones de euros. Aguirre durante la inauguración de uno de los nuevos hospitales.Estas demandas están recogidas en una carta que la patronal de las empresas constructoras españolas, SEOPAN, envió al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y que fue sellada en el registro de entrada con fecha 15 de abril de 2011. Tomás Gómez, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, exhibió el escrito este domingo durante el debate televisado que mantuvo con su rival del PP, Esperanza Aguirre, pero la presidenta obvió la cuestión y no hizo referencia a la misma. En esa misiva, a la que ha tenido acceso Madridiario, el presidente de la SEOPAN, David Taguas, se dirige al responsable de la Sanidad pública advirtiéndole de los «problemas sin resolver» que las sociedades accionistas de los hospitales están sufriendo, cuestiones que, de no resolverse, podrían implicar «la ruptura de los financiadores y el consecuente colapso de las concesiones». Situación preocupante Taguas, que se permite en su misiva tutear al consejero y pedirle la designación de un interlocutor con las empresas, detalla los problemas uno por uno. El primero y más importante es que la rentabilidad de los hospitales para estas empresas ha caído del 11,22% al 7,61% a consecuencia del nuevo Plan Sectorial de Contabilidad, de obligado cumplimiento. Al no ingresar las mismas cantidades, las concesionarias aseguran encontrarse en dificultades para pagar a los bancos que les prestaron el dinero para construir los hospitales, que tienen adjudicados durante 30 años. Esa construcción (en términos del Precio Final Reconocido de la Obra o PFRO), ha sido, además, más costosa de los proyectado «por exigencias de la propia administración», a quien las empresas exigen en conjunto 59 millones de euros y el reconocimiento de unos costes de servicio derivados equivalentes a 1,5 millones de euros al año. Aguirre, visitando uno de los nuevos hospitales.Las reclamaciones no acaban ahí. SEOPAN también se hace eco de la demanda de 21 millones de euros derivados de obras adicionales acometidas también por demanda del Ejecutivo una vez que los hospitales ya estaban en marcha. Según las empresas, los nuevos hospitales han atendido más pacientes de los previstos, por lo que agregan 1,7 millones de euros más al año y otros 3 millones por incrementos de costes vinculados a esa actividad extra. Las concesionarias se quejan, además, de estar esterilizando los materiales necesarios para todos los actos quirúrgicos (tanto operaciones como otras intervenciones menores) «sin percibir por ellos contraprestación económica alguna». También denuncian estar dando más comidas diarias de las calculadas, al servir desayunos, comidas, meriendas y cenas no sólo en las habitaciones, sino también en las unidades de Diálisis, Hospital de Día, UCI, UCO, Paritorios, Reanimación, consultas de Otorrinolaringología y Alergología, Neonatología y las Urgencias. «Destaca en particular el importante consumo realizado en el servicio de urgencias por los pacientes que se encuentran a la espera de ingresar en las habitaciones hospitalarias (4 comidas diarias por paciente)», reza la carta. Por los servicios de esterilización y restauración/hostelería piden 3 millones de euros adicionales al año. Según las quejas recogidas por SEOPAN, transcurridos tres años no hay acuerdo entre la Consejería y las prestadoras del servicio sobre cómo medir las intervenciones quirúrgicas reales para saber la cantidad de material que se esteriliza y, por tanto, cómo se abona ese gasto. Tampoco acerca de cómo facturar las comidas ‘extra’ ni cómo compensar la bajada del IVA, que en los contratos de adjudicación se contemplaba al 16% y el Gobierno central ordenó después situar en el 8% para las prestadoras de servicios en los hospitales. La patronal de las constructoras (estas empresas tienen una fuerte presencia en el sector de la gestión privada de hospitales públicos) apunta que las concesionarias ya han reclamado estas cantidades a la Comunidad de Madrid a través de 20 recursos de carácter contencioso-administrativo sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta. Los hospitales funcionan «perfectamente» Hospital Infanta Cristina.Para el Partido Socialista de Madrid, la carta hecha pública por su secretario general es la demostración de que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha entregado a empresas privadas con ánimo de lucro la sanidad madrileña. Según advirtió un portavoz, revelaciones como que las concesionarias han estado obteniendo hasta un 11% de beneficio con los hospitales, o que del total de ingresos que perciben, un tercio sufragan los costes de construcción y los dos tercios restantes los costes de prestación de servicios, son «totalmente novedosos». «Es lo primero que conocemos de los contratos con los hospitales porque el PP se ha negado a darnos los datos en el control parlamentario», concluyó la misma fuente. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha asegurado que los hospitales Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina de Parla, el Infanta Elena de Valdemoro, el Hospital del Tajo en Aranjuez, el del Sureste en Arganda del Rey, el del Henares en Coslada y el Infanta Leonor de Vallecas funcionan «perfectamente». Un portavoz del departamento recalcó a Madridiario que el consejero Javier Fernández Lasquetty ha mantenido desde julio de 2010 hasta ahora trece reuniones con las empresas concesionarias, además de las que mensualmente se producen a través de la Unidad Técnica de Control. La posición de la Consejería, recalcó el portavoz es «discrepante» con la carta de SEOPAN, que, aseguró, recibió contestación por parte del consejero de forma inmediata. Sin embargo, Sanidad no quiso revelar el contenido de esa carta ni detalló en qué punto se encuentran las negociaciones o si existen problemas con las concesionarias. Los siete nuevos hospitales (más el de Valdemoro) fueron la promesa estrella de Esperanza Aguirre en 2003. «Tergiversación interesada» Tras hacerse pública la carta, fuentes del Partido Popular señalaron que el firmante de la misma y presidente de SEOPAN, David Taguas, fue responsable de la oficina económica de La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, y ante las sospechas de connivencia, la patronal de las constructoras hizo público un comunicado en el que condenó la «forma tendenciosa», la «utilización política» y la «tergiversación interesada» que, aseguró, Tomás Gómez había hecho de la carta «privada» enviada al consejero de Sanidad. Según SEOPAN, este escrito informaba de «problemas técnicos» sin que ello significase cuestionar las concesiones, hecho que ha corrido a cargo del secretario general del PSM. Los problemas, sin embargo, sigue existiendo, por lo que SEOPAN aún aguarda la celebración de una reunión urgente para solucionarlos.
