El pasado 3 de agosto, las 630 familias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler de las promociones que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) tiene en Sanchinarro, Vallecas, Carabanchel y Pavones recibieron una carta de la empresa dependiente del Ayuntamiento madrileño en la que se les anunciaba la inminente subasta de sus viviendas. A partir del próximo 13 de septiembre los promotores privados y los fondos de inversión inmobiliaria interesados en adquirir las viviendas podrán presentar sus ofertas de compra. “Los contratos que firmamos -señalan los afectados- contemplaban el régimen de alquiler para los beneficiarios durante diez años y, una vez pasado este tiempo, la opción a compra. Ahora, tras la subasta, la EMVS nos ha asegurado la continuidad del alquiler durante los años que queden: cinco para las familias que firmaron su contrato en 2005, y dos para las que lo firmaron en 2002. Eso sí -añaden-, nos ha quitado la opción de comprarlas a precio de vivienda protegida”. La EMVS aduce que, al término del plazo del contrato de alquiler finaliza la calificación del suelo como vivienda protegida, pasando así a ser libre. Según la empresa pública, no puede ofrecer la venta de las viviendas a sus actuales inquilinos toda vez que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 aprobado por el Ministerio de Vivienda y Rehabilitación impide la enajenación de viviendas calificadas en alquiler a particulares durante la vigencia del periodo de protección. Los vecinos, en cambio, recuerdan que en sus contratos de alquiler figura que la EMVS podría ofrecer “facultativamente” la posibilidad de venderles sus viviendas. Exigen, por tanto, “la paralización de la subasta convocada para el próximo 13 de septiembre y las que en el futuro pudieran proponerse”, así como la apertura de una vía de negociación que, apuntan “nos ha sido negada de manera ilegítima y manifiestamente injusta e ilegal”. “La decisión de subastar estos bienes públicos -subrayan- ha sido decidida sin ni siquiera consultar al Consejo de Administración de la EMVS” y en pleno de mes agosto “con la evidente intención de impedir cualquier acción para detenerla” y “causando así indefensión”. La FRAVM, con los vecinos afectados Responsables de la Junta Directiva de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se reunieron ayer con representantes de las familias afectadas, a quienes trasladaron el apoyo de la organización vecinal. “Las administraciones públicas -señala Vicente Pérez, responsable de la comisión de Vivienda de la Federación- tienen que tener un parque estable y creciente de vivienda pública en régimen de alquiler para garantizar el acceso a una vivienda a las vecinas y vecinos con menor capacidad adquisitiva. De hecho -añade-, hace unos años, la actual concejala de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, propuso un pacto a las tres fuerzas políticas con representación en las administraciones madrileñas para impedir la venta de vivienda protegida. Evidentemente, ha cambiado de opinión”. La operación permitirá a la empresa pública vender las promociones a precio de vivienda protegida a unas empresas privadas que obtendrán, a posteriori, un cuantioso margen de beneficio económico. “La EMVS venderá viviendas públicas que son patrimonio de todos los madrileños a unos 100.000 euros. Esos mismos ciudadanos sólo podrán comprarlas a más del doble. Esta operación -denuncia Pérez- constituye otra vuelta de tuerca más de un Ayuntamiento, el de Madrid, empeñado en hacer pagar a las vecinas y vecinos las consecuencias de un déficit público derivado de la ejecución de obras faraónicas alejadas de las necesidades de la ciudadanía”. La FRAVM ha solicitado reuniones al Ministerio de Vivienda; a la concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez; al concejal de Hacienda, Juan Bravo y al gerente de la EMVS, Juan José de Gracia para intentar paralizar una subasta que, recuerda Pérez “debe obtener el plácet del Gobierno de la Comunidad de Madrid, toda vez que estas promociones se construyeron con ayudas del Ejecutivo regional”. “Pedimos, por tanto, al Gobierno de Esperanza Aguirre que no autorice la subasta y animamos a toda la ciudadanía madrileña a que apoye las movilizaciones convocadas por las familias afectadas”. La primera de ellas tendrá lugar el viernes 3 de septiembre ante la sede de la EMVS, a la que seguirá una manifestación que el próximo domingo 5 de septiembre a las 19h recorrerá las calles del centro de la capital desde Cibeles hasta la Puerta del Sol.
