La mayoría de las dependencias municipales de Madrid adelantarán su hora de cierre hasta las 17 horas a partir del próximo día 16 de septiembre, con el objetivo de ahorrar hasta 26 millones de euros según los primeros cálculos del Ayuntamiento de la capital, a los que habría que sumar los ahorros energéticos por un menor consumo. Así, el cambio de horario afectará a todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos con excepción de las que atienden al público en una mayor franja horaria y los centros y unidades de atención a usuarios. Esta medida, anunciada por el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado mes de mayo, obligará a amortizar 755 plazas vacantes procedentes de diferentes unidades administrativas, con la excepción de los servicios sociales. El regidor subrayó en su momento que se necesitará «un esfuerzo de eficiencia», por lo que se elaborará un plan para reordenar los recursos humanos y «optimizarlos al máximo». Además, ha destacado que la iniciativa también promoverá la conciliación laboral, y ha definido la decisión como «pionera en la Administración española». MENOS PARTICIPACIÓN Sin embargo, la medida también tendrá otras consecuencias, como la anulación de las bodas civiles que el Consistorio celebraba hasta ahora en horario de tarde. Según ha criticado el Grupo Municipal Socialista, junto a los matrimonios civiles también se verá afectada la participación ciudadana, ya que la mayoría de los plenos de distrito y de los consejos territoriales se convocaban por la tarde para facilitar la asistencia de los vecinos. Para la edil del PSOE Ángeles Álvarez, el adelanto del cierre «atenta contra el principio de participación ciudadana y contra el propio Reglamento Orgánico de los distritos, a los que se encomienda el desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales». Además, la concejala considera que la medida, más que por motivos de ahorro, responde a «esa obsesión enfermiza del Ejecutivo municipal de quitar competencias a las juntas para ejercer el control administrativo de forma exclusiva y total» y a que Gallardón considera la participación ciudadana «prescindible y engorrosa». Asimismo, la oposición pide al Consistorio que abra las dependencias municipales «al menos un día al mes por la tarde» para poder celebrar bodas, y solicita que se reconsidere la decisión de programar los plenos de distrito y consejos territoriales por la tarde «porque suponen la apertura de dependencias municipales en ese horario sólo un día al mes». LAS CONTRADICCIONES DE GALLARDÓN El portavoz de IU en asuntos de Participación Ciudadana, Ángel Lara, ha apuntado en declaraciones a Europa Press, a su entender, «los ciudadanos serán los paganos de esta decisión» y ha considerado una «contradicción» que Gallardón «hable de participación ciudadana y, a la vez, impida que los ciudadanos participen en la vida política». Según sus datos, los plenos de distrito y los consejos interterritoriales se programarán a las 13 o 14 horas, pero Lara ha indicado que ha tenido «noticia de que en algunos casos se convocarán incluso a las 10 horas». «Esos órganos, donde se discute y se deciden propuestas que, en muchos casos, se elevan al Pleno de distrito, los ciudadanos tendrán muy difícil incluso asistir», ha reprochado. Tampoco le convencen al edil los argumentos municipales para justificar el adelanto del cierre. Por una parte, Lara ha considerado que la explicación de que así se fomenta la conciliación de la vida familiar y laboral no se «facilita» porque la reducción de jornada también conlleva «una reducción de productividad y, en muchos casos, recortes salariales». Además, ha insistido en que «hay muchas otras partidas presupuestarias» de donde se podrían recortar gastos. «El PP, Gallardón, tienen una manera muy extraña de administrar el dinero público. Además, las cantidades de ahorro que maneja el Ayuntamiento por adelantar el cierre son ridículas en comparación con el presupuesto municipal», ha apostillado. «Gallardón nunca nos hace caso. Tiene una mayoría suficiente en el Ayuntamiento para llevar adelante su política, pero que no nos intente engañar con frases bonitas, porque aunque el PP habla de los ciudadanos, de la participación ciudadana en la vida política, a la primera de cambio cercena esas posibilidades», ha zanjado. PLENOS CIUDADANOS DESDE OCTUBRE Por ello, tanto los socialistas como IU, junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), iniciaron antes del verano una campaña de recogida de firmas con el fin de solicitar el apoyo a los madrileños para que el Ejecutivo rectifique. Así, el presidente de la FRAVM, Ignacio Murgui, ha explicado a Europa Press que esta decisión es «una nueva vuelta de tuerca contra la participación ciudadana» y, aunque en principio la federación descarta tomar medidas legales, sí iniciará a partir de octubre campañas sobre la participación ciudadana de cara a la elaboración de los próximos presupuestos. «Si los plenos de distrito, que son los órganos más cercanos a los ciudadanos y que tratan cuestiones públicas y toman decisiones políticas, se realizan en horarios en los que la mayor parte de la gente está trabajando se cierra la posibilidad de que esos ciudadanos participen en esos espacios», ha argumentado. Tras señalar que eso es un derecho recogido en la normativa municipal, Murgui ha apuntado que «las fórmulas de participación ya eran escasas e insuficientes de por sí, pero ahora se imposibilita incluso la presencia de los ciudadanos» en este tipo de órganos. «No es un recorte, como han dicho (desde el Ayuntamiento), para ahorrar, sino que más bien es un recorte democrático, de derechos ciudadanos», ha añadido, subrayando asimismo que el posible ahorro que genere la medida será «despreciable» porque «apenas se va a notar», mientras que «los costes en participación serán muy altos». Por ello, ha considerado la medida «profundamente negativa» y ha asegurado que comenzarán a realizar «plenos ciudadanos» junto a las juntas de distrito y otra serie de campañas para «defender los cauces de participación ciudadana y ampliar los márgenes de la democracia participativa, no sólo en Madrid, sino en toda la región». «Tenemos que apuntar un poco más allá, tenemos que ir avanzando ya en las fórmulas de democracia, sobre todo a nivel de la administración local, porque técnica ya es posible, ya se hace en muchos sitios, y se ha demostrado que es deseable porque se mejoran en mucho los servicios públicos», ha argumentado. A renglón seguido, Murgui ha utilizado el mismo argumento del Ejecutivo municipal aduciendo que «si en tiempos de escasez de recursos y crisis hay que hacer recortes, será mejor para la ciudadanía poder dar su opinión sobre cómo deben administrarse esos recursos escasos y que se conozcan mejor las necesidades que la ciudadanía considera más urgentes».
