El pasado 3 de julio de 2007, el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se anulaba las desclasificaciones de suelo protegido que se realizaron de forma injustificada con la aprobación del PGOUM de 1997. Estas sentencias suponen la nulidad de 22 desarrollos urbanísticos, como Valdebebas, Berrocales, Ahijones, Campamento o Valdecarros, que afectan un total de 140.000 viviendas. El Ayuntamiento de Madrid intentó “legalizar” la desclasificación de suelo protegido con la redacción de un documento complementario a la Memoria del Plan General, aprobado por la Comunidad de Madrid el 24 de enero. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Auto de 31 de enero de 2008, resolvió “no considerar actos de ejecución de sentencia las actuaciones administrativas a las que se refieren el escrito, informes y resoluciones aportados a los autos por el Ayuntamiento de Madrid”, no admitiendo la subsanación pretendida por el consistorio madrileño. A día de hoy, por tanto, el Plan general Vigente en los 22 desarrollos anulados es el de 1985 y no el posterior de 1997 que pretende urbanizar sobre Valdecarros un área de 5 millones de metros cuadrados, el 30% de su superficie, declarada en 1985 protegida debido a su alto valor ecológico y medioambiental. Entre otras zonas de Valdecarros, mantienen su protección los Cantiles del Manzanares, que el mismo Ayuntamiento de Madrid tiene catalogados por su interés geológico y que además albergan importantes yacimientos arqueológicos, como poblado prerromano de la Gavia, y restos históricos, como el Frente de Defensa del Ejercito Republicano.
Alegaciones pidiendo la nulidad
La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (Villaverde) ha presentado alegaciones a la aprobación inicial del proyecto de urbanización de Valdecarros, pidiendo su nulidad. Consideran que al no respetar las sentencias judiciales se está cometiendo un nuevo atentado contra el importante valor medioambiental, histórico y cultural que atesoran las riberas del Manzanares en el sur de la ciudad, junto al
Parque Lineal del Manzanares.
Además entienden que la urbanización del ámbito y la edificación de 51.000 viviendas, pondría a los futuros 150.000 nuevos vecinos, en una situación de completa inseguridad jurídica. Podría darse el caso, si el Ayuntamiento persiste en sus intenciones, de que las viviendas se construyeran y un juzgado exigiese su demolición una vez estuviesen habitadas. Circunstancia que ya mantiene en vilo a los cooperativistas de los Berrocales y los Ahijones, por ejemplo. En el dudoso caso de que fuese necesario continuar con el salvaje crecimiento urbano de la ciudad, el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid tienen herramientas jurídicas y urbanísticas suficientes para solucionar esta desastrosa situación respetando el medio ambiente. Sólo es necesario acatar las decisiones judiciales y atender a los intereses de los vecinos, en lugar de defender el máximo beneficio posible para los grandes propietarios de suelo y promotores. 
