El pasado mes de diciembre conocimos la noticia de que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid iba a realizar una serie de adjudicaciones en las viviendas que ya estaban construidas, aplicando el nuevo reglamento aprobado el pasado mes de septiembre que da prioridad a las personas denominadas “de atención prioritaria”, donde se incluyen desde víctimas de procesos de desahucio, víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, o “cualquier otra situación o eventualidad sobrevenida de vulnerabilidad de carácter extraordinario y excepcional”.
Aunque compartimos la recuperación de las funciones sociales de la EMVS como garante de las necesidades ocupacionales de los ciudadanos de Madrid ante las especulaciones inmobiliarias de las que veníamos siendo objeto, surge el problema de que las viviendas para personas de atención prioritaria se van a concentrar en los barrios y distritos donde mayores problemas sociales y/o equipacionales existen (Villaverde, Vallecas, Carabanchel, Vicálvaro….), en contra de la búsqueda de un verdadero reequilibrio territorial de la ciudad. En el caso de Villaverde, las viviendas construidas se encuentran en la colonia Marconi y en los tres bloques de la calle Arroyo de la Bulera en Butarque.
A raíz de conocer esto, las asociaciones de Villaverde emitimos un comunicado exigiendo un reparto equilibrado de las viviendas y un plan de seguimiento por parte de los servicios sociales para que la labor no termine en el momento de la entrega de llaves.
Además, nos hemos reunido en dos ocasiones con los responsables de los servicios sociales de la EMVS, que incluso visitaron el barrio el pasado 30 de enero, y también con el Consejero Delegado el día 1 de febrero. En las diferentes reuniones nos informaron de la inminente adjudicación de las viviendas libres de los tres bloques de Butarque y respondieron negativamente a la petición de que existiera un reparto equitativo de la vivienda social entre los distritos de la ciudad alegando motivos económicos.
Reconocieron que no existía un plan específico para la integración de los nuevos vecinos en el barrio que tuviera en cuenta aspectos relacionados con servicios sociales o la necesidad de infraestructuras básicas (colegios, médicos, transporte) por no ser una competencia de la EMVS.
Ante esta situación solicitamos al Ayuntamiento de Madrid un plan de acompañamiento a las adjudicaciones que tuviera en cuenta el grave déficit equipacional del barrio, que se vería agravado por la llegada de los nuevos vecinos, tanto los de las viviendas sociales como los de las nuevas promociones privadas.
