Según la Fiscalía Especial Anticorrupción, hay serios indicios de que las más altas esferas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y algunos de sus municipios han formado parte de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal. La banda estaría conformada por altos cargos del gobierno autonómico, como el que fuera mano derecha de la mismísima Esperanza Aguirre y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y por alcaldes, concejales, empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, altos funcionarios… A la luz de estas informaciones y de las que le precedieron, como las referidas a la trama Gürtel o a los sucesivos desmanes perpetrados con Bankia, el golpe político que sufrió la Comunidad de Madrid, conocido como Tamayazo, va tomando una forma cada vez más nítida. También está cada vez más claro lo que significa cuando, ante las exigencias vecinales de equipamientos y mantenimiento de servicios públicos, hasta los mas básicos, se nos dice que no “hay presupuesto”. Lo que significa que hay que pagar la deuda pública antes que nada. Vemos también cómo se puede haber contraído parte de esa deuda y cómo se las gastan algunos de los que nos gobiernan y las empresas con las que hacen sus negocios mientras se dedican a desprestigiar a los colectivos de parados, trabajadores, funcionarios, movimientos sociales… con el objetivo de acabar con los derechos y libertades democráticas. El movimiento vecinal aún recuerda la vergonzante denuncia interpuesta por responsables del Gobierno regional la Comunidad de Madrid contra la Asociación Vecinal Palomeras Bajas (Puente de Vallecas), la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y la FAPA Giner de los Ríos por un presunto fraude fiscal derivado de la venta de camisetas de la Marea Verde, una lucha ejemplar para evitar, precisamente, la venta de los servicios públicos a empresas privadas. Con cada nuevo caso de corrupción que sale a la luz se hace aún mas doloroso el drama de quienes en estos duros años se han visto atrapados en el paro y la pobreza, han sufrido el terror de un desahucio, de quienes han visto cómo su casa ha sido vendida a fondos buitre, de quienes se han quedado sin comedor en el cole, sin apoyo económico para rehabilitar la vivienda y sin recursos para cubrir las necesidades más básicas. Entendemos que estos casos no son un accidente. Que forman parte de un modelo económico y social que pone el beneficio económico privado por delante de todo y de un modelo de crecimiento basado en el monocultivo del ladrillo y la financiarización de la economía. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a permanecer alerta y a organizarse. A hacer todo lo que esté en nuestras manos para echar del poder a esas bandas mafiosas, recuperar lo que es de todos y promover una profunda democratización de las instituciones que permita que la política vuelva a anteponer el interés del bienestar de la ciudadanía frente a los intereses espurios del poder financiero y sus ramificaciones.
