Educación pone límites a los colegios concertados

Las nuevas instrucciones estarán listas previsiblemente en abril para el próximo periodo de matriculación, según señaló un portavoz de la Consejería de Educación. Se enviarán de forma automática a los colegios de los que reciban quejas de las familias, como los ocho centros que actualmente investiga la Comunidad por posibles pagos obligatorios o por no informar debidamente a los padres de los conceptos por los que pagan. Estas advertencias deberán «aclarar la aplicación adecuada de normas y servirían para actualizar las instrucciones emitidas hasta la fecha», según Educación. La principal base normativa es la Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece en su artículo 88 que no se puede cobrar por clases ordinarias y en ningún caso las clases no lectivas podrán ser obligatorias. La Comunidad de Madrid está en el punto de mira por su gestión de los centros concertados. Oposición y sindicatos han criticado ampliamente el respaldo del Gobierno regional a este modelo educativo y el crecimiento de las llamadas escuelas negocio, centros concertados que incrementan sus cuotas voluntarias (en ocasiones sin dejar claro que lo son) y que se benefician de la política de cesión de suelo público para construir sus colegios.Los últimos en sumarse a las críticas han sido los colegios privados. Un grupo de 25 centros de élite creó una asociación tras el verano desde la que han criticado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre potencia «demasiado» la oferta concertada de la región, con nuevos centros cuyas cuotas voluntarias se parecen demasiado a las tarifas de los privados, lo que consideran una competencia desleal, y señalan que el crecimiento de la educación concertada en Madrid «ha desequilibrado el escenario educativo». Las instrucciones que prepara Madrid no pondrán límites a la cuantía de las cuotas que se pidan a los padres. En ese apartado se mantienen como hasta ahora. Cada año, la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación establece un porcentaje de subida, que este año se fijó en el 2,34%. Los centros que superen ese porcentaje en las llamadas actividades escolares complementarias (la ampliación de currículo, por ejemplo, que se fijan a primera hora o a última del día), según estas instrucciones, deberán contar con autorización expresa de la Dirección de Área Territorial tras su aprobación en el consejo escolar del centro. El límite que se fija es que las tarifas no tengan carácter lucrativo aunque «podrán contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones», según el texto. Para los servicios escolares (comedor, transporte y uniforme) el incremento del 2,34% es orientativo y no se establece ninguna recomendación en el caso de actividades extraescolares. Otras comunidades van por delante en el control de abusos de los centros concertados. Murcia y Andalucía ya han impuesto multas. La última fue la Junta de Andalucía que, a principios de octubre, reclamó 546.800 euros a cuatro centros de la provincia de Almería tras detectar irregularidades. En Madrid, el portavoz de Educación explica que «en la mayoría de los casos, los centros corrigen sin problemas lo que se les indica». Si algún expediente acaba en sanción, aclara, se pedirá al centro que devuelva el dinero a los padres en lugar de imponer multa «que puede acabar repercutiendo sobre las familias». La patronal mayoritaria de la concertada ve con cierto recelo la medida que prepara Madrid. La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) aglutina a 332 centros de los 535 de régimen general de la región. Comparte que la Administración controle la voluntariedad de las cuotas, según el portavoz de FERE, Emilio Díaz. «En nuestros centros hay familias que no pagan y no pasa nada. Hay que informar claramente de las cuotas y las donaciones», asegura. Díaz se queja de la entrada de nuevas empresas en el sector. Son «entidades sin vocación educativa que intentan amortizar rápidamente las inversiones millonarias que han hecho para construir los centros», explica. Rechaza acuñar el término de escuelas negocio, pero critica que «la imagen que ofrecen perjudica a todos los demás». La cuota media de los centros de la FERE ronda los 30 euros. Según Díaz, informan claramente a los padres de que son cuotas voluntarias pero también les explican que las subvenciones públicas cubren como máximo el 65% del coste de los colegios. De ahí el miedo a la medida que prepara la Consejería: «Espero que el control que van a establecer no sea una llamada a que la gente no colabore con nuestros colegios porque, si no lo hacen, directamente tendremos que cerrar».