El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado las alegaciones presentadas por AVIB, en el periodo de información pública contra la aprobación del Proyecto de Urbanización del U.Z.P. 3.01 Desarrollo del Este-Valdecarros, en las que se solicitaba su retirada en aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007 que anulaba la recalificación de suelos protegidos a urbanizables, operada en el Plan General de Madrid de 1997. En la respuesta a las alegaciones presentadas por AVIB, el Ayuntamiento motiva su postura en un acuerdo municipal posterior a la Sentencia que de forma unilateral y sin posterior ratificación por los órganos jurisdiccionales, da por subsanados los defectos que motivaron la anulación de la desprotección de suelos en el Plan General (PGOU 97), e insta a AVIB a acudir a los tribunales para hacer cumplir la Sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Auto 31 de enero de 2008 rechazó la validez de dicho acuerdo como acto de ejecución de la Sentencia, tal y como pretendía el Ayuntamiento, reiterando por tanto la nulidad del PGOU en cuanto a las determinaciones por las que se recalificaban a urbanizables suelos protegidos en el anterior PGOU de 1985. En contra de lo esgrimido por el Ayuntamiento, según las fuentes jurídicas consultadas por AVIB, los defectos detectados por el Tribunal Supremo en la aprobación del PGOU 97 son insubsanables, por lo que la continuación con el procedimiento podría convertirse en un escándalo urbanístico, superior en tamaño al destapado por la Operación Malaya en Marbella, ya que las 50.000 viviendas previstas en Valdecarros podrían ser declaradas ilegales y, en caso de llegarse a construir, demolidas por orden judicial, en cuyo caso, se verían gravemente perjudicados las 150.000 personas que se prevé podrían llegar a residir en dicho desarrollo, y los madrileños nos veríamos obligados a afrontar las multimillonarias indemnizaciones que correspondiesen a los afectados. Además, la asociación vecinal, que defiende la protección de espacios de gran valor medioambiental, cultural e histórico, y alerta que el desarrollo pone en peligro los cantiles y riberas del Manzanares, ha visto como sus alegaciones eran despreciadas ya que el Ayuntamiento ha considerado que los trámites de información pública no se establecen con la finalidad de “oír a los afectados en todos sus derechos”, no admitiendo sus peticiones y evitando así pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Consideran que esta respuesta no es más que una excusa para no entrar a valorar el grave fondo de la cuestión, por lo que estudian la puesta en marcha de iniciativas legales ante los tribunales españoles, así como ante las instituciones europeas.
