El Ayuntamiento reduce a cinco años el alquiler de sus nuevos pisos sociales

Pasado el primer lustro, la empresa del Ayuntamiento de Madrid revisará las condiciones económicas de los inquilinos. Si mantienen la situación que les hizo merecedores del piso social, les prorrogará el contrato por otros cinco años. En caso de haber mejorado la renta por encima de lo establecido, tendrán que abandonar la casa, dando paso a otro solicitante con menos ingresos. La reducción de los periodos de alquiler la anunció ayer el consejero delegado de la empresa municipal, Juan José de Gracia, quien aclaró que con este sistema se pone coto a la venta de viviendas sociales cuando acaba el plazo en el que deben dedicarse al alquiler con renta reducida. «La filosofía es que sea un parque municipal de vivienda de alquiler real, y para eso tiene que ser de rotación. Siempre hemos pensado que el alquiler como está definido a nivel estatal y autonómico es un alquiler a muy corto plazo porque las viviendas pueden calificarse como libres en 10 o 15 años y a partir de ahí pasan al mercado libre», explica el consejero delegado de la empresa municipal, Juan José de Gracia. El nuevo modelo no se hará esperar. La EMVS tiene previsto ponerlo en marcha en más de 1.000 de las 1.646 viviendas públicas que alquilará el año que viene. Las otras 600 ya tienen adjudicatario, por lo que no podrán integrarse en el nuevo modelo porque la medida no es de carácter retroactivo, según De Gracia. El sistema, aunque novedoso, ya se había ensayado con el programa Alquila Madrid, un plan que de alquiler de vivienda a menores de 30 años. Las 828 casas que integran el plan y por las que pagan unos 200 euros mensuales serán siempre de alquiler, pero los inquilinos no pueden permanecer más de un lustro.Esta limitación en el tiempo de alquiler que planea implantar el Ayuntamiento evitará además la venta. Con ello se pondría fin a una práctica que ha sido frecuente en los últimos años: la empresa municipal acababa vendiendo el piso al inquilino, quien podía revenderlo a precio de vivienda libre cuando acababa la calificación de la casa como vivienda social (suele durar entre 10 y 15 años, según apunta el consejero delegado de la EMVS, Juan José de Gracia). «Estamos pensando que todas las viviendas que tenemos en alquiler podemos pasarlas a este modelo. Eso sí, tienen que ser casas que no hayan entrado en ninguna convocatoria de vivienda», explica De Gracia. Los primeros pisos de alquiler con contrato limitado podrán estrenarse el año que viene. La EMVS, como la mayoría de las empresas públicas municipales, es deficitaria. Ahora arrastra una deuda de 1.004 millones de euros. Una cifra que se ha disparado desde que en 2003 se puso en marcha el régimen de alquiler, según fuentes municipales. De acuerdo con las estimaciones de De Gracia, la limitación temporal de los alquileres no supondrá quebranto económico alguno para la compañía municipal. «Simplemente el plazo de amortización será más largo», explica. El responsable de la EMVS sostiene que el nuevo sistema de alquiler por cinco o, como mucho 10 años, es más justo. «Hay que ver las condiciones de la persona que accede [la renta]. Al cabo de cinco años esperamos que haya progresado, si lo ha hecho se le da la oportunidad a otra persona para que disfrute la vivienda». El anuncio coincide con la protesta que están protagonizando los inquilinos de 630 pisos municipales, cuya subasta ha convocado la EMVS para el mes que viene. Los inquilinos de estos bloques, situados en Sanchinarro, Moratalaz, Carabanchel y Vallecas, pagan entre 300 y 600 euros al mes. La EMVS pretende ingresar con la subasta 64 millones de euros que palíen su maltrecha tesorería. El propio concejal de Economía y Hacienda, Juan Bravo, justificó la venta en subasta por la situación de la empresa pública. El atractivo para los posibles compradores -los bloques se ofrecen enteros- es que podrán dedicarlos a vivienda libre cuando acabe la calificación protegida de que disfrutan ahora. Pero los inquilinos quieren ser los primeros en tener opción a adquirir los pisos que ocupan. Confiaban en que la EMVS les ofrecería algún día («facultativamente», dice en sus contratos) la posibilidad de comprar la casa en la que viven. Una de las inquilinas afirmó días atrás que representantes de la EMVS llegaron a decir que les ofrecerían la posibilidad de comprar sus viviendas «a precio de protección». El Ayuntamiento ha reiterado que, aunque se celebre la subasta, los arrendatarios mantendrán todos sus derechos hasta que finalice el plazo del alquiler municipal. Estas viviendas pasarán a ser libres en 2020. Los vecinos tenían previsto manifestarse ayer para protestar contra la subasta. El concejal socialista Daniel Viondi calificó ayer la situación como «un expolio». A su juicio, nadie obliga a la EMVS a subastar los bloques. «Lo hacen porque la empresa no tiene liquidez y necesitan vender su patrimonio a toda costa, sin importarles un carajo las familias que viven allí».