Según el informe anual del Defensor del Pueblo, presentado esta semana al Congreso de los Diputados, esta institución recomendó a la capital que incorporara una «zona de protección» en instalaciones como Valdemingómez «a modo de servidumbre ambiental o limitación general de la propiedad, en la que no se pueda utilizar el suelo para edificar viviendas». Así, el Defensor del Pueblo consideraba que la capital debería estudiar la extensión de esta zona en función de «la concreta actividad y sus específicas afecciones» de cada instalación, y que debería señalar las zonas afectadas en un plano, plasmar su reserva como zona de protección mediante «el instrumento jurídico apropiado e inscribirla en el Registro de la Propiedad». «La recomendación pretende una más adecuada elección del emplazamiento de estas infraestructuras o instalaciones y evitar que se construyan viviendas en los alrededores de difícil o imposible disfrute digno», recoge el informe. Y es que, según recuerda la institución, «no tiene sentido alguno declarar oficialmente habitables viviendas (mediante las pertinentes licencias y autorizaciones municipales) en una zona donde, a causa del impacto de una instalación, no se pueden ejercer los derechos a una vivienda digna o a un medio ambiente sano». «Si una instalación se ha visto rodeada paulatinamente de zonas residenciales, ello es más un efecto de las previsiones de los poderes públicos que de los particulares salvo, claro está, en los supuestos de urbanizaciones y edificaciones clandestinas», recuerda el Defensor del Pueblo. E insiste en que «los ciudadanos no son los responsables de que las inmediaciones de las infraestructuras se vean poco a poco rodeadas por sus viviendas» ya que ese fenómeno es consecuencia de «una planificación defectuosa», en este caso tanto de la propia planta de Valdemingómez como de los desarrollos urbanísticos que han ‘crecido’ a su alrededor. En cualquier caso, para el Defensor del Pueblo, la responsabilidad de esta situación recae en la administración titular de dicha instalación, que es la que debe «corregir e indemnizar los daños que ocasione durante toda su vida útil» dicha infraestructura. El ayuntamiento responde que es legal Sin embargo, el Consistorio madrileño respondió a estas sugerencias de la institución alegando que «la pertinencia de esa zona de protección y su anchura fue valorada durante la planificación urbanística» y que se cumplieron «las prescripciones ambientales» establecidas por la Comunidad de Madrid. Así, se estableció una zona de dos kilómetros en torno a la infraestructura, aunque no se midieron «en ningún momento las afecciones concretas de la planta ni su alcance», y tampoco se «estimaron las futuras afecciones, proyectando hasta dónde podrían llegar (los olores) si crecía» el Parque Tecnológico. «Se adoptaron unas garantías meramente formales que materialmente, a la vista de las quejas, no han servido para evitar los malos olores», replica el informe del Defensor ante estos argumentos. Con respecto a la recomendación de aplicar esta zona de protección en infraestructuras que se proyecten y construyan en el futuro, el Consistorio respondió a la institución que se «ajustará en todo momento a la legislación ambiental de aplicación» en cada momento. Estudio olfatométrico Junto a la recomendación de hacer reservar zonas sin viviendas entorno a este tipo de instalaciones, el Defensor del Pueblo también sugirió al Ayuntamiento madrileño que llevara a cabo un estudio olfatométrico alrededor de Valdemingómez, una sugerencia que el Gobierno municipal sí aceptó y sobre el que se comprometió a informar. En este sentido, el informe del Defensor apunta que este estudio se realizará «en las zonas residenciales próximas al Parque Tecnológico, en un radio de cinco kilómetros, teniendo en cuenta la estación del año y la dirección de los vientos». Ante las alegaciones municipales de que hay otros focos de malos olores en la zona en los que también debería hacerse un estudio similar, el Defensor replica que es el propio Consistorio madrileño quien «debe dirigirse a las administraciones competentes sobre los otros focos potenciales de olores al objeto de proponer la realización y, en su caso, coordinación de dichos estudios». En este sentido, se señalan como posibles objetos de estudio tanto las estaciones depuradoras de aguas residuales que pueda haber en el área, como puntos en el interior del Parque Regional del Sureste o lugares de la Cañada Real Galiana donde estén ocurriendo «vertidos ilegales, acopios ilegales y quemas incontroladas de distintos tipos de residuos».
