El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, cargó ayer contra el ardid del Ayuntamiento de Madrid para enmascarar la contaminación, consistente en retirar estaciones de las zonas más contaminadas para rebajar artificialmente los niveles de polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado «una mejora de la calidad del aire», en contra de lo que dice su alcalde, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella. Vercher envió ayer un duro escrito de 34 páginas al Ayuntamiento en el que le pide que «identifique a la autoridad o funcionario que ordenó esa reubicación de las estaciones de medición», con qué informes se decidió y qué técnicos informaron a favor. Ese parece el primer paso para actuar contra el responsable del cambio. En mayo de 2009, Gallardón encontró una forma novedosa para reducir la contaminación: no medirla en algunas zonas del centro de Madrid con muchos tráfico. El Consistorio cambió estaciones de medición de sitio y redujo el número. Como ejemplo, desplazó unos 200 metros la estación de Gregorio Marañón, una de las zonas con más tráfico. El medidor acabó en los jardines del Museo de Ciencias, lo que disminuyó la contaminación registrada. Al eliminar las series históricas, el Ayuntamiento dificultó los estudios científicos sobre el aire que respiran más de tres millones de personas, pero logró su objetivo: la contaminación bajó en el papel un 20%. Aun así, Madrid incumple el umbral europeo de dióxido de nitrógeno (NO2), producto del tráfico, por lo que quiere una moratoria de la UE. Sí cumple el de partículas en suspensión. El fiscal destaca que «ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave». En 2010, el límite máximo durante una hora de NO2 se superó en 336 ocasiones, según la fiscalía, pese a que no se puede sobrepasar más de 18 veces. Aunque la superación es «notable», el fiscal destaca que ha bajado respecto a años anteriores, algo que achaca a que «tratamos con nuevas estaciones y se han eliminado las que tradicionalmente presentaban mayor concentración de NO2». El texto señala que las estaciones que habían superado los umbrales de alerta a la población fueron suprimidas. Vercher recuerda al Ayuntamiento que la directiva europea sobre contaminación «no tiene prevista la eliminación de estaciones antiguas». «Si ahora se toman registros de nuevas estaciones, eliminando las antiguas que se encontraban en los lugares en los que más contaminación se venía produciendo, lo único que se obtiene es un valor muy diferente […] dando como resultado que la ciudad de Madrid de pronto presenta menos contaminación, pero la realidad de los niveles de contaminantes en el núcleo de la ciudad sigue sin resolverse», dice. El fiscal sostiene que Madrid no tiene norma sobre contaminación, solo una «estrategia», que es «una declaración de intenciones». Sobre la calidad del aire, «nada ha realizado el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias, de las que no puede abdicar, abandonando así la posición de garante del ordenamiento jurídico». En 2006, Gallardón anunció que a partir de 2008 vetaría la entrada al centro de los coches más sucios. La medida nunca ha sido aplicada. En 2010 el alcalde insistió en su promesa: «En el próximo mandato restringiré el uso del coche en el centro». Botella declaró el martes que la polución en Madrid «no es nociva para la salud de los ciudadanos». Los científicos han relacionado episodios de intensa polución en la capital con un aumento de infartos y de la mortalidad infantil. El escrito advierte al Ayuntamiento que puede afrontar reclamaciones por su dejación: «Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que en esta materia atribuyen las leyes al Ayuntamiento de Madrid pueden ocasionarse lesiones antijurídicas susceptibles de sustentar reclamaciones y posteriores demandas de responsabilidad patrimonial, sean presentadas por particulares o por grupos de afectados». E incluso que la fiscalía no descarta actuar «en representación de personas incapaces». El escrito va dirigido al director general de Calidad Ambiental del Consistorio, Manuel Tuero, al que le pide que identifique al responsable de recolocar las estaciones -o que asuma la decisión-. También le reclama que «inexcusablemente» señale a los «técnicos que hayan informado a favor de esas nuevas ubicaciones» así como «los informes técnicos que han aconsejado esa decisión». Con este reparto, «se miden partículas en 11 de las 23 estaciones, y entre estas 11 no están las que tradicionalmente reflejaban […] en valor superior al límite legal». La fiscalía «efectuó mediciones de partículas [no de NO2] en el entorno de algunas estaciones que han dejado de funcionar, lo que permite ver que el nivel de contaminación es similar antes del cambio de ubicación de algunas estaciones». La Guardia Civil midió durante seis meses en tres puntos cerca del Paseo de la Castellana, próximos a las antiguas estaciones: en la Fiscalía, en el Ministerio de Sanidad y en el jardín del cuartel general del Ejército. El resultado (ver gráfico) es, según el fiscal, que hay «ligerísimas mejoras que no parecen atribuirse a una mejor gestión, ya que la misma no ha existido». El fiscal usa el umbral de 20 microgramos de partículas por metro cúbico para 2010 que fijó un decreto de 2002. Sin embargo, ayer el Gobierno aprobó otro decreto que, de acuerdo con la directiva de 2008, suaviza el límite a 40 microgramos. Estas estaciones sí cumplirían esa norma la mayoría de los meses. El fiscal concluye que «los ciudadanos de los lugares con mayor contaminación siguen sufriendo el mismo nivel aunque no tenga reflejo en las estadísticas municipales». Vercher ironiza: «Si se eliminaran todas las estaciones de control, Madrid sería una ciudad oficialmente no contaminada».
