El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las obras de nueve tramos de la M-30 soterrada, los que transcurren por el río Manzanares, en respuesta a un recurso del PSOE, a quien no dieron la razón en primera instancia. Con esta decisión, anula y deja sin efecto un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital por el que se aprobaron nueve de los 12 proyectos de reforma y mejora para el soterramiento de esta vía de circunvalación convertida en calle por incumplir a la directiva europea que fija la «ineludible necesidad de un previo estudio de impacto ambiental». La sentencia del TSJM es firme -contra ella no cabe recurso alguno-, aunque no tendrá consecuencias practicas. El tribunal establece que no se cumplieron las normas comunitarias que exigen la elaboración previa de estudios de impacto medio ambiental y afirma que «no cabe admitir que la elaboración posterior de estudios de impacto ambiental puede amparar la ilegalidad inicial de los actos ni puede servir para subsanar las consecuencias de la omisión de este vicio trascendente». En su fallo, notificado el pasado lunes 14, el tribunal recuerda que «a estas alturas ya nadie se cuestiona la necesidad de haber sometido los proyectos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental» por la circunstancia de que discurra por una zona urbana. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008, además de ser admitida, dice el fallo, por el propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea. «Los actos impugnados nacieron y se han ejecutado viciados en origen», recalca el fallo. Medidas inexistentes El expediente de infracción abierto por Bruselas obligó al equipo de gobierno a dejar sin efecto, en febrero de 2007, tres de los proyectos no iniciados entonces: los túneles norte y sur en los by-pass de la avenida de la Ilustración y conexión del by-pass norte con la A-1. Tras este varapalo, el Consistorio contrató una consultoría para realizar el estudio ambiental tanto de los proyectos ya ejecutados como de los que estaban pendientes. En su demanda, los denunciantes alegaron, y así lo admite el tribunal, que los trabajos realizados por el Ayuntamiento para evitar la sanción de la Comisión han sido inexistentes ya que no se han aportado los informes necesarios acerca de los impactos que se pueden producir (gases, ruidos, patrimonio histórico, arbolado, etc.) ni se han efectuado medidas correctoras. Además de esta sentencia, el TSJM ha desestimado un recurso del Ayuntamiento contra un fallo de este mismo tribunal de junio de 2009 sobre las mismas obras, esta vez por iniciativa de Ecologistas en Acción. Los ecologistas interpusieron recurso contra la resolución dictada por la concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en 2005 sobre el soterramiento de tramos entre Marqués de Monistrol y el Puente de Praga y entre la avenida de Portugal y la glorieta de San Vicente. En 2008, la justicia anuló estos acuerdos y el consistorio recurrió. Hoy, tampoco le ha dado la razón con los mismo argumentos que usa en el caso de los socialistas. Las consecuencias prácticas de la sentencia son muy escasas, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, aunque a partir de ahora el Ayuntamiento tendrá que ser más cuidadoso a la hora de cumplir los requisitos, trámites y leyes a los que está obligado. Ocurre igual que con una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre otra carretera de Madrid, la M-501. El alto tribunal declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera de los pantanos, pero como la obra ya está terminada y en uso desde hace tiempo no hay ninguna posibilidad de deshacer las actuaciones ejecutadas. El Ayuntamiento guarda silencio -fuentes municipales han señalado que desconocen la sentencia- mientras la oposición se felicita por la sentencia, aunque con regusto amargo. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha señalado a Europa Press que viene a apoyar lo defendido durante años por su partido, que los criterios de la gestión de Gallardón son «trampas» y «prisas electorales». Lissavetzky ha confesado su «tristeza como madrileño» ya que tiene la sensación de vivir en una ciudad «con un Gobierno municipal que es un gobierno sin ley porque se han saltado todos los aspectos urbanísticos y medioambientales a la hora de llevar a cabo la obra de la M-30». Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, ha opinado, en declaraciones a la misma agencia, que la «razón ha sido pisoteada una vez más» al no adoptarse medidas cautelares en su momento. Ecologistas ha pedido la dimisión del alcalde por el soterramiento «ilegal» la M-30, «que ha arruinado a los madrileños».
