En Madrid aún se vulneran derechos humanos

Abdelilah Ghalián reside junto a su mujer y sus dos hijos en la Cañada Real Galiana desde 2004. Compró una parcela y se construyó una vivienda que fue derribada por el Ayuntamiento en 2007. «Nunca nadie me dijo que allí no podía construir», afirma. Sin otro lugar al que acudir, y gracias a la ayuda de sus vecinos, volvió a edificar su casa. El 24 de junio recibió una carta institucional donde le informaban de que en cualquier momento podrían derribársela de nuevo. Ahora vive a la espera. «Lo he recogido todo para que no me pase como la otra vez, que perdí todas mis cosas», asegura. Derribo Cañada RealEs uno de los casos de los muchos que a día de hoy sigue habiendo en la Cañada Real. Por ello, Amnistía Internacional Madrid exige a las administraciones que «detengan la ejecución de la demolición de las viviendas de todas las familias que se encuentren en peligro de desalojo mientras no se proporcionen soluciones para proteger a los desalojados, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos». «Para que un desalojo se lleve a cabo debe haber un proceso de información y consulta efectiva, además de indemnizaciones y un alojamiento alternativo digno», dijo en rueda de prensa la coordinadora de Refugiados y Asilo de la entidad, Caridad Maroto. «Si no se cumplen esos requisitos se están violando derechos humanos, como el derecho a una vivienda digna», agregó. Contra las redadas Otro de los asuntos que más preocupan a Amnistía es el hecho de que se sigan produciendo redadas policiales en barrios donde «se sabe» que el número de inmigrantes en situación irregular es elevado. Precisamente ayer mismo un centenar de personas increpó a miembros de la Policía Nacional cuando realizaban una de estas «rutinarias» actuaciones en Lavapiés. En este sentido, la ONG recuerda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU alertó, en su último informe sobre España, sobre el uso de «controles de identificación basados en perfiles étnicos o raciales realizados en lugares públicos o barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado español». «Pedimos que se elabore y ponga en marcha un Plan Regional contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en la Comunidad que ponga énfasis en la formación de los policías locales en materia de derechos humanos», subrayó la coordinadora de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Madrid, María Jesús Torrecilla. Los miembros de la entidad consideraron también imprescindible para terminar con la situación «discriminatoria» en Madrid la abolición de la prohibición del uso del velo en espacios públicos y la adopción de «medidas que garanticen el acceso a todas las personas extranjeras al conjunto básico de derechos, independientemente de su situación administrativa». Violencia machista La lucha contra la violencia de género es otra de las materias que más preocupan a Amnistía en la región. «Las mujeres maltratadas siguen encontrando obstáculos a la hora de acceder a los recursos y estos siguen siendo insufientes», denunció Maroto. «Ahora solo se da protección a aquellas mujeres que han denunciado», añadió. La realidad indica por el contrario que en 2010 fallecieron seis mujeres en la Comunidad a manos de sus parejas o ex parejas. Ninguna de ellas había denunciado.