Irregularidades en la subcontratación del Plan Refuerza

Desde su implantación, el programa de apoyo educativo extraescolar en horario vespertino desarrollado en la Comunidad de Madrid, el llamado Plan Refuerza, se ha granjeado el recelo de la comunidad educativa, especialmente entre los profesores. Las últimas noticias que se están difundiendo acerca de las irregularidades en la subcontratación de este servicio -que atiende en horario extraescolar y compensa las necesidades del alumnado con mayores dificultades – no hacen más que ahondar en la polémica, según ha tenido conocimiento la Plataforma Soy Pública a través de las denuncias de varios docentes. La empresa adjudicataria Arje Formación, que ha de encargarse de este Plan Refuerza en distintos institutos públicos de la Comunidad, tiene al frente de su gestión, en calidad de directora general, a María Rosa Olmos Larrea; esta ejecutiva, bien conocida por la Consejería de Educación por ser también la administradora de la empresa Art-Stij, acumula varias sentencias en su contra por incumplir sus obligaciones contractuales con varios organismos públicos, entre los que figura el Ayuntamiento de Madrid, así como por despido improcedente de sus empleados. La empresa de formación Art-Stij fue noticia a mediados del mes de abril de 2004, cuando dejó de pagar las nóminas a sus 156 educadores. Más de 5.400 alumnos, matriculados en distintos cursos de seis Centros Culturales del Ayuntamiento que eran gestionados por esta empresa, vieron interrumpidas sus clases. Rosa Olmos aseguró entonces que no tenía nada que ver con la empresa Art-Stij, ya que la vendió a un tercero 9 meses antes de que entrara en suspensión de pagos. No obstante, Rosa Olmos figuraba como administradora de la empresa en toda la documentación de la que disponía el Consistorio; además, una sentencia de ese mismo año relacionaba a Art-Stij con la nueva empresa que regentaba Rosa Olmos, Arje Formación. Para Soy Pública, «la Consejería no sólo ha evitado responsabilizarse de los programas de apoyo extraescolar y de la contratación directa de profesorado interino, profesionales acreditados mediante oposición pública que hoy engrosan las listas del paro, sino que cede su gestión a compañías con evidente mala praxis empresarial.» Cada centro recibe en torno a 16.000 euros para financiar el Plan Refuerza, «cantidades lo suficientemente altas como para exigir un control y gestión limpios y eficaces por parte de la Consejería», asegura la plataforma de docentes. Curiosamente, Arje Formación hace gala en su página web de su adhesión a la Asamblea del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ASEPAM), cuyo objeto es la lucha por el respeto de los derechos humanos, laborales y en contra de la corrupción. Buenas intenciones que contrastan con el historial de sentencias por despido improcedente de empleados y el hecho de haber privado en el pasado a cerca de 5.400 alumnos de su derecho a recibir clases en distintos centros culturales madrileños. Rosa Olmos no es la única empresaria sospechosa de gestionar irregularmente los fondos destinados al Plan Refuerza. La cesión de la gestión de esta medida de apoyo y refuerzo educativo en horario extraescolar ha dado casos cuanto menos sorprendentes de empresas adjudicatarias cuya actividad empresarial está tan alejada del ámbito escolar como Grafidridma, empresa dedicada a la impresión y artes gráficas; sin embargo, la Administración madrileña considera que es idónea para desempeñar una actividad educativa, en un puesto de especial responsabilidad como es la educación de alumnos y alumnas menores de edad.