«Que quede claro: no es una retirada». Ángel Alberto Montero es el presidente de la asociación que aglutina a cerca de 15.000 cooperativistas del sureste de Madrid, que llevan cerca de una década a la espera de un piso. Y está muy preocupado por que nadie interprete que abandonan la lucha. No quiere muestras de debilidad. Sentado en una silla de plástico, rodeado de compañeros de la acampada que han mantenido durante casi tres meses en la cuesta de Moyano y de los últimos trastos del campamento, promete que volverán en septiembre con acciones incluso más «contundentes». Su marcha, dice, no tiene más motivo que el cansancio: «Simplemente, necesitamos descansar». Un total de 85 días y muchas más noches, según la lógica de Sabina, han pasado a la intemperie por una presunta estafa que está en los tribunales y que les ahoga por muchos frentes. Aportaron desde 40.000 hasta 70.000 euros por una vivienda, que en el peor de los casos llevan hasta catorce años esperando. Ofigevi es el nombre que les hace temblar. David Torralbo y sus dos hijos administraban esta gestora de 11 sociedades cooperativas cuyo fin era levantar viviendas protegidas en el sureste de la región. Comenzó a captar socios en 1997. Se apuntaron 6.100, que aportaron 190 millones de euros para desarrollar los futuros barrios de El Cañaveral, Los Berrocales o Los Ahijones, todos en el distrito de Vicálvaro. Junto con Los Cerros y Valdecarros, otros dos desarrollos colindantes, tenían previsto edificar hasta 120.000 casas. «Futuros vecinos». Así es como se denominan a sí mismos, con bastante acierto, los cooperativistas, porque los desarrollos en los que invirtieron son, como mucho, futuro. Salvando El Cañaveral, el resto es hoy por hoy un páramo. Ofigevi está además en concurso de acreedores. Sobre David Torralbo y sus dos vástagos pesa una orden de ingreso en prisión por delito de estafa, dictada por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Una «futura vecina» es Carolina. Con 32 años vive en casa de sus padres a pesar de que ya podría llevar tiempo independizada. En su familia, la huella de Ofigevi son 129.000 euros. «Mis dos hermanos entraron también en la cooperativa de Los Ahijones, cada uno aportamos unos 43.000 euros». Dos de ellos no se irán de casa en mucho tiempo. Les prometieron una casa en un plazo que era imposible de cumplir, argumentan desde Majavilan, el despacho que les representa. Pero además asumieron un riesgo sin la red que creían tener. En la querella que presentaron en los tribunales figura también como acusada de la presunta estafa la aseguradora, HCC Europe, que afirma que el contrato que suscribió con ellos no avala, como exige la ley, las cantidades que aportaron los cooperativistas. «Sentimos que nos han apaleado», dice Juani, otra de las afectadas y secretaria de la asociación. Su pareja, Jesús, también invirtió. «A veces discutimos, nos culpamos de haber caído los dos, pero ya qué le vamos a hacer». Entre sus peticiones figura también una amnistía a Hacienda, que les reclama el dinero que se dedujeron por lo que ingresaron en las cuentas vivienda. Las pancartas con todas las reivindicaciones que han decorado el campamento están ya a buen recaudo. El resto de trastos los han repartido entre el 15-M y los servicios de limpieza del Ayuntamiento. ¿Decepcionados por no salir de la cuesta de Moyano con una solución debajo del brazo? Un no rotundo por respuesta. «Ahora estamos más unidos. La acampada ha sido terapéutica, nos ha hecho más fuertes», defienden. Después de las vacaciones volverán a la carga.