“Hemos puesto sobre la mesa varias propuestas para llegar a un acuerdo con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid pero han cerrado las puertas a cualquier vía de negociación”, informaron esta mañana los portavoces de las 630 familias afectadas por la venta de cuatro promociones de vivienda pública. Por eso y, toda vez que “no podemos hacer frente al pago de un alquiler y, menos, a la compra de una vivienda a precio de mercado, no nos queda otra opción que continuar con las movilizaciones hasta que el Ayuntamiento de Madrid se avenga a negociar una solución de consenso”. Para Vicente Pérez, responsable de Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), con los 64,3 millones de euros que el Consistorio recaudará con la venta de estas promociones “pretende paliar una deuda de cerca de 7.000 millones, un precio demasiado alto para el problema inmediato que la operación va a generar: el desalojo de 630 familias que no pueden pagar una vivienda a precio libre”, un problema, añadió, “que podría hacerse extensible a miles de familias si la EMVS decide continuar con esta política de descapitalización del parque de vivienda social”. La subasta que la EMVS va a llevar a acabo esta tarde es, en palabras de Pérez, “un torpedo en la línea de flotación de la vivienda social”. Las declaraciones del alcalde de Madrid alegando que la subasta es un ejercicio de solidaridad para construir más viviendas sociales es, añadió, “un insulto a la inteligencia cuando lo que están haciendo es vender a 100.000 euros pisos que las empresas privadas venderán a 300.000 euros”. No se trata, por tanto, de un ejercicio de solidaridad, sino de “un regalo a empresas privadas”. El Ayuntamiento, ha concluido “está intentando hacer caja a costa de los ciudadanos intentando que, entre todos, paguemos las consecuencias de la faraónica política que Gallardón ha llevado a cabo durante los últimos años”. José Luis Díaz, de la promoción de Carabanchel, informó que “hemos ofrecido hacer un esfuerzo económico para pagar a precio de vivienda protegida nuestras casas de manera que la EMVS ingrese los 64,3 millones de euros previstos, pero también se han negado”, dando muestras, con ello, de «su nula voluntad de negociar”. Suma a ello la indefensión jurídica que el Consistorio ha generado anunciando la subasta el 30 de julio, “en víspera de vacaciones” y el alcance de una venta que, además de las familias adjudicatarias, afecta a sectores de población muy vulnerables. “En nuestras promociones -advirtió- hay casas destinadas a dar alojamiento a víctimas de violencia doméstica y a familias que, circunstancialmente, se han quedado sin hogar. A partir de que la subasta se haga efectiva, esas viviendas pagadas con el dinero de todos y destinadas a gente que lo necesita, serán objeto de especulación”. Por todo ello, anunciaron que continuarán movilizándose. La primera de las convocatorias tendrá lugar a las 16h de esta tarde, coincidiendo con la apertura de ofertas de la subasta pública. “Estaremos allí para, en última instancia, intentar llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria de las viviendas ya que, hasta el momento, las administraciones públicas nos han dado la espalda”, anunció Elisa Nager.
