Madrid sale a la calle contra la privatización del agua

Si atendemos a algunas declaraciones de miembros del ejecutivo de Esperanza Aguirre realizadas en las últimas semanas, el tiempo se acaba para que la “joya de la corona” de la región, una de las principales empresas públicas de la Comunidad de Madrid, deje de serlo. Por eso, en estos momentos la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II redobla sus esfuerzos para tratar de frenar una operación que entiende como un auténtico expolio del patrimonio de todos los madrileños y madrileñas, recabando apoyos en todos los sectores profesionales, sociales y políticos y organizando acciones públicas como la manifestación que tendrá lugar el próximo martes 10 de mayo. El Comité de Empresa del Canal de Isabel II y la citada plataforma hacen un llamamiento a la ciudadanía madrileña para que secunden un acto que con el lema “¡No a la privatización del agua!” partirá a las 19h30 de la plaza de Callao de la capital. La marcha finalizará en la Puerta del Sol, frente a la sede de la entidad promotora de la venta de la compañía pública, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí, sus promotores darán lectura a un manifiesto que ya ha sido firmado por decenas de personalidades del mundo de la cultura, la academia, el arte, el periodismo y la ciencia y que acaba de rubricar Aqua Publica Europea (APE), la asociación continental para la gestión pública del agua, tal y como ha hecho saber por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Entre los firmantes del documento, en el que se pide la rectificación de una decisión que fue tomada en diciembre de 2008 en el Asamblea de Madrid con los únicos votos del PP, se encuentran escritores como José Luis Sanpedro, Luis García Montero y Rosa Regás, catedráticos de universidad como Fernando Quesada, Antonio Baylos y Celia Amorós, investigadores como Tomás Rodríguez-Villasante, Pedro Arrojo y Carlos Prieto, artistas como Emma Cohen o personalidades del mundo de la política como el director de Equo, Juan López de Uralde, y el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. En el texto, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que está compuesta por diversos colectivos sindicales, ecologistas, partidos políticos de izquierdas y agrupaciones ciudadanas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) asegura que sobre la decisión de convertir a la empresa pública en una sociedad anómina y poner el 49% de sus acciones a la venta planea “la obsesión enfermiza del PP de privatizar todos los servicios públicos y regalar al sector privado (a sus amigos empresarios) un negocio (el del agua) sin riesgos y con altas tasas de ganancia”. “El Gobierno de la Sra. Aguirre pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con eficiencia desde hace mas de 150 años por una empresa pública que genera importantes beneficios (98.5 millones de euros en 2009) y cuenta con un alto grado de aceptación de los ciudadanos madrileños. Igualmente, de consumarse este hecho, se robaría a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo, inmuebles, etc. que pasaría a manos privadas”, alerta la plataforma ciudadana. Para este colectivo, la privatización no sólo no tiene justificación desde ningún punto de vista (“ni económico, ni técnico, ni social”) sino que puede conducir a un empeoramiento del servicio y de las condiciones de sus trabajadores, y a un mayor coste del agua, tal y como ha sucedido en procesos de liberalización similares como el vivido en París, donde tras comprobar las consecuencias nefastas de la privatización, el Ayuntamiento volvió a hacerse cargo de la gestión de la red de agua. Los colectivos sociales denuncian también que el proceso de privatización presenta “importantes lagunas legales, al obviar la propiedad del Estado de importantes infraestructuras del ciclo del agua y la voluntad de los ayuntamientos, propietarios de otras, cuya gestión se ha cedido al Canal a través de acuerdos y convenios”.