La última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística dibuja un escenario poco halagüeño para la región madrileña. A pesar de que sigue siendo una de las comunidades autónomas con el nivel de vida más alto (si atendemos a los valores promedio de renta por habitante), en los últimos años la región ha sufrido un claro proceso de empobrecimiento e incremento de las desigualdades y de la brecha social. De entrada, el nivel medio de renta de los madrileños es hoy menor que en 2008, y la pobreza afecta ya a más del 21% de la población, un grupo formado por entre 1 millón y 1,3 millones de personas.
“La cuestión de la pobreza cabe calificarla como muy preocupante por cuanto la brecha entre la media de ingresos de los pobres y el umbral de pobreza es bastante amplia, esto es, el esfuerzo que habrían de hacer los pobres para salir de esa situación sería muy alto”, puede leerse en el citado estudio, que ha sido elaborado por Vicente Pérez Quintana, sociólogo y responsable de Empleo y de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. Con el título “Principales resultados de la ECV de 2015 en la Comunidad de Madrid. Algunas propuestas de la FRAVM a la luz de esos resultados”, el informe aparece como una útil herramienta para observar la realidad y actuar para cambiarla. Una realidad en la que alrededor de la mitad de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 44% de la población asegura tener ingresos netos mensuales inferiores a los que necesita. Una realidad en la que, mientras alrededor de un 30% de las familias madrileñas sufre cargas de vivienda (sobre todo de alquiler) que superan el 30% de la renta disponible, la oferta de vivienda pública no ha dejado de reducirse en los últimos años y hoy la Comunidad de Madrid es la segunda región española con menor gasto sanitario público per cápita.
Ante este panorama, el Estado (“los tres escalones de la Administración”) tiene, a tenor de Pérez Quintana, dos prioridades: “atender el problema de la pobreza y potenciar el efecto redistributivo de la acción pública”. Para ello, el representante de la FRAVM se atreve en su informe a sugerir una serie de propuestas, muchas de las cuales ha defendido el movimiento vecinal en sus 50 años de historia.
Así, para salir de la crisis buscando el reequilibrio social, sería necesario en primer lugar impulsar la “actividad económica y un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible”. “Es vital la redefinición de fondo de la estrategia en términos expansivos, donde el Estado y la preservación y ampliación de las conquistas sociales jueguen un papel preponderante”, indica el autor de la Federación ciudadana, antes de aclarar: “En varias ocasiones nos hemos referido a este enfoque con una formula sencilla: Más Estado y más sociedad civil”. Por otra parte, “urge sentar los pilares de un nuevo modelo productivo, que rompa con la economía de casino y del ladrillo, y que busque los fundamentos de la eficiencia en las nuevas tecnologías, la generación de conocimiento, la protección del medio ambiente, las energías renovables, los servicios a las personas, las actividades industriales…”.
Otras propuestas tienen que ver con la necesaria promoción del “sindicalismo de clase y el tejido social organizado” y, en otro orden de cosas, con el fomento de políticas activas de empleo, donde han de jugar un papel muy relevante el tercer sector y la economía social.
Por otro lado, con objeto de avanzar hacia el citado reequilibrio social, “defendemos la existencia de una renta mínima garantizada para todos y todas”. Eso sí, su obtención «ha de ir pareja a la adquisición por los destinatarios de un compromiso social o comunitario relativo a la escolarización de los menores, la participación sistemática en prácticas de inserción laboral para la población en edad de trabajar, la implicación en acciones de mejora del medio y el tejido social… Este compromiso, entre otros objetivos, persigue prevenir y, en su caso, cortar dinámicas de cronificación de la pobreza y guetización; pero, al mismo tiempo, no puede ser u operar como una especie de dispositivo de control social y de invasión por la administración de la vida privada”, sostiene Pérez Quintana.
Además, sugiere proteger el ahorro de las familias para evitar más casos como el de las Preferentes, “gravar las herencias, las transmisiones inter vivos y la propiedad”, luchar activamente contra el fraude fiscal, preservar el patrimonio público, atajar la problemática de los desahucios aplicando las propuestas de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y garantizar el mantenimiento del sistema público de pensiones, entre otras propuestas.
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