Al menos cinco municipios tienen un conflicto abierto entre los vecinos, el Ayuntamiento y un promotor por la construcción de una gasolinera en un área residencial. Madrid, Getafe, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Coslada son los lugares de la discordia. Los enfrentamientos son consecuencia de la Ley de Emprendedores, que permite instalar un suministro de combustible en parcelas comerciales e industriales pese al rechazo de los vecinos.
“No existen motivos legales para prohibir su instalación”. Esa es la justificación que esgrimen los técnicos municipales para conceder la licencia de construcción a las gasolineras en parcelas de áreas residenciales. Y el texto legal en el que se apoyan es la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo. La norma permite instalar unidades de suministro de combustible en polígonos industriales, ITV o centros comerciales.
Para sortear esta norma, que ha generado el rechazo de varias asociaciones de vecinos en la región, una salida de los Consistorios es aprobar en el pleno municipal una ordenanza que amplíe la distancia entre los surtidores y las viviendas. El pasado abril, Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, aprobó por unanimidad ampliar a 100 metros el espacio mínimo que debe haber entre las gasolineras y los hospitales, centros de salud, centros de enseñanza, centros de mayores, residencias para personas de la tercera edad o parques.
La Comunidad señala que la construcción de una estación de servicio no es de su competencia, sino de los Ayuntamientos de cada localidad. Solo en caso de que no se cumplan los requisitos de seguridad podría intervenir para paralizar la obra o el uso del negocio.
En Coslada, municipio gobernado por el PSOE, el proyecto de construir una gasolinera low cost en una parcela del barrio del Puerto (10.000 habitantes), a 40 metros de las viviendas, sigue en marcha a pesar de que la asociación de vecinos del barrio lucha para paralizar la obra desde hace un año. Lleva casi 1.000 firmas recogidas y esta semana se reunirá con el PSOE, Ciudadanos y PP. La asociación prepara un documento de 40 folios de alegaciones para enviarlo al Defensor del Pueblo.
En San Martín de la Vega (PSOE) el Ayuntamiento negocia con los vecinos y el empresario la paralización de la construcción de una gasolinera en el casco urbano. El promotor manifestó que facilitará, en la medida de lo posible, un acuerdo beneficioso para todas las partes. Mañana, vecinos y Ayuntamiento se reúnen para tratar el resultado de las negociaciones.
En Velilla de San Antonio (PSOE) la disputa estalló cuando arrancaron las obras en un solar de la calle Alamillos, a menos de 12 metros de las viviendas y a 17 de la piscina municipal. Tras presentar alegaciones, el Ayuntamiento aprobó por mayoría una moción para prohibir instalaciones peligrosas en esa zona mediante un cambio del Plan de Ordenación Urbana. Todas las licencias del proyecto están en suspensión.
En Getafe (PSOE), el Ayuntamiento ha anunciado que trabajará para modificar su Plan General de Ordenación Urbana. La empresa Fuenlabradadis fue la que solicitó una licencia de actividad para una estación de servicio y un local comercial en el barrio de Buenavista.
Y en Madrid (Ahora Madrid), en el barrio de Butarque (distrito de Villaverde), una estación de servico de Repsol llegó a ser construida en la calle Hulla, cerca de varios bloques de viviendas y junto al parque de La Alhóndiga. La justicia anuló el pasado junio la licencia del polémico surtidor y el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación. La gasolinera sigue en funcionamiento.
Los riesgos de los surtidores para la salud
Cada vez que un vehículo reposta, el surtidor emite gases y vapores altamente contaminantes que contienen benceno, tolueno (altamente cancerígeno) y otras sustancias que se añaden a los carburantes. Esta contaminación de gases se percibe a menos de 100 metros de distancia, según un estudio de la Universidad de Murcia. Además, existe una asociación entre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de benceno en ambientes residenciales y el riesgo de nacimientos prematuros, según un estudio del grupo de investigación INMA (Infancia y Medio Ambiente).
Pelayo Escandón – El País
Foto Jaime Villanueva
