La comunidad educativa ha denunciado enérgicamente los ataques contra la educación pública que desde la llegada al Gobierno del Partido Popular no han cesado de producirse. En poco más de un año de gobierno de Mariano Rajoy, la educación pública ha sufrido el mayor recorte a sus presupuestos en los últimos 35 años, más de 5.000 millones de euros de los aproximadamente 11.000 millones (un punto del PIB) cuya eliminación está comprometida con Bruselas antes de finalizar el año 2015, que empeorarán las condiciones en las que los jóvenes estudian en las escuelas, institutos y universidades públicas. Todos estos recortes han implicado el despido de más 50.000 docentes en todo el Estado, un incremento de la masificación en las aulas que no tiene precedentes en décadas y una escandalosa falta de medios materiales; a todo ello se suma la supresión de becas de comedor y libros para las familias más necesitadas en distintas Comunidades Autónomas, un encarecimiento brutal de las matrículas universitarias que excluye a miles de jóvenes y, en casos como el de Madrid y Cataluña, la creación de nuevas matrículas para poder estudiar en la Formación Profesional. Una reforma que supone la segregación de los alumnos con menos medios económicos, que impone reválidas en la escuela primaria, secundaria y en el bachillerato y que facilitará la salida de muchos estudiantes del sistema educativo en edad temprana, cerrando el acceso a la enseñanza postobligatoria a decenas de miles de ellos, en contra del acuerdo Europa 2020 para que el 80% del alumnado adquiera una titulación superior a la enseñanza obligatoria. Esta política de recortes, que tiene como objetivo degradar la calidad de la enseñanza pública, se ve reforzada con el intento de aplicar una contrarreforma educativa (LOMCE) que supone retrotraer al sistema educativo a tiempos predemocráticos. Una contrarreforma que drena grandes recursos públicos en beneficio de la enseñanza privada, impone la recentralización y el control absoluto del sistema educativo por parte del Ministerio de Educación, rompiendo el nivel de acuerdo sobre las competencias educativas de las CCAA y la enseñanza de las lenguas cooficiales del Estado, y que, además, concede aún más privilegios a la Iglesia Católica restableciendo el carácter evaluable de la religión católica y la imposición de una alternativa que actúe a modo de castigo contra quienes rechacen ser adoctrinados en los centros educativos. Ante unos ataques de esta magnitud, la comunidad educativa ha incrementado con fuerza la movilización desde los primeros días de curso, y seguiremos mostrando todo nuestro apoyo a cuantas iniciativas se realicen en defensa de una educación pública de calidad, gratuita, democrática y laica. Por estos motivos, desde la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, queremos manifestar nuestro apoyo a la nueva semana de lucha convocada por el Sindicato de Estudiantes, en la que, además, tendrá lugar una huelga general estudiantil a la que se han ido sumando diferentes colectivos estudiantiles en todo el Estado. Desde la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública somos muy conscientes de que se trata de una respuesta muy necesaria y justificada ante la gravedad de los ataques a la educación pública. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento al profesorado, estudiantes, madres y padres para que apoyen todas la acciones que se llevarán a cabo durante esa semana en defensa de la escuela pública, especialmente la celebración de manifestaciones y concentraciones en las que, nuevamente el 7 de Febrero por la tarde la comunidad educativa en su conjunto mostrará su oposición a unas medidas que atentan contra un derecho fundamental de toda la sociedad y especialmente de las jóvenes generaciones.
