El pasado 15 de julio, varias decenas de personas respondían al llamamiento hecho por la Asamblea del distrito madrileño de Carabanchel y secundado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para parar el desahucio de una mujer y su hijo de la vivienda en la que viven en régimen de alquiler. La indignación estalló al saber, no sólo que quien solicitaba el desahucio no era un banco, sino el propio Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), sino que, a pesar de que la afectada había saldado la deuda de 1.300 euros que debía al Ivima y abonado otros tres meses por adelantado, la orden de desahucio no se podía detener una vez dictada. Sólo la movilización popular logró frenarla, al igual que otra cincuentena de desahucios en las últimas semanas. No tuvieron la misma suerte Mari Carmen y sus dos hijos, cuyo caso ha sido detectado por la Asamblea Popular de Usera, que se ha volcado en apoyar a la familia. Mari Carmen, de 65 años, fue expulsada de su vivienda el 9 de abril de 2010, después de haber saldado con el Ivima los 2.000 euros que le debía de alquiler. Una vez puesta en marcha la orden de desahucio, el mecanismo, sin embargo, ya no se detuvo. “Nos fuimos de la casa con la cabecita agachada”, explica Mari Carmen, que hoy vive en la calle, junto al parque de Pradolongo, con su hija Mercedes y su hijo José Luis, ambos en paro. Su periplo es largo, y su historia, similar a la de tantas otras en situación de exclusión en el distrito de Usera, el penúltimo en renta per cápita de la capital. Los hijos perdieron el trabajo, el padre enfermó y murió tras su larga enfermedad, la familia dejó de pagar el alquiler… “No imaginábamos que nos iban a echar”, explica Mari Carmen, que perdió su trabajo de limpiadora poco después del desahucio, cuando cerró la empresa para la que trabajaba en negro. Después de un invierno pasado a la intemperie, la familia, expulsada por la policía cada vez que se colocaba en una zona de césped, logró una habitación barata en alquiler, pero, muerto el dueño, se encuentran de nuevo en la calle, con una pensión de viudedad que no da para vivir a tres personas. Detectado el caso, la Asamblea Popular de Usera se organiza desde hace una semana para dar respuesta a esta situación. Empezaron por lo más urgente, la recolecta de comida, agua y otros objetos de primera necesidad, que corrió a cargo de los participantes en la asamblea y, ahora, también de algunos vecinos y asociaciones, además de la colocación de carteles para dar visibilidad al problema. Siguieron con un apoyo a la familia a la hora de conseguir los papeles necesarios para solicitar la Renta Mínima, para contactar por vía de urgencia con los Servicios Sociales, con el Samur Social, con organizaciones que pudieran remediar de forma urgente su situación… Pero tienen claro que su papel no es asistencialista, y por ello preparan acciones de visibilización y de denuncia. “Estamos llevando a cabo una labor que deberían hacer los profesionales. Por eso es importante que denunciemos las políticas sociales de la Administración, la carencia de recursos y de medios y también la falta de profesionales, así como los recortes que se están produciendo en políticas sociales”, explica el profesor Manuel Montañés, participante en la asamblea. De momento, los Servicios Sociales del Ayuntamiento, al corriente del caso desde hace meses, se han mostrado incapaces de encontrar una solución aceptable para la familia a corto plazo: la opción de enviar a la familia a un albergue donde podrían permanecer una semana o la de mandar a Mari Carmen a una residencia dejando a sus hijos en la calle no parecen una solución. Es más, miembros de la asamblea informan de que los Servicios Sociales, carentes de medios, están derivando casos de este tipo a las asociaciones vecinales para que les presten la ayuda que las instituciones no les proporcionan. “El caso de esta familia es un indicador de un fenómeno social que al movimiento 15M le preocupa. Pone de manifiesto un fallo clamoroso del sistema: han fallado el Ivima, los Servicios Sociales y todos los mecanismos, y además nos hace ver que el ser humano no es el centro de las políticas que sustentan este sistema”, afirma José Muñoz, otro miembro de la asamblea. Mientras tanto, Mari Carmen, que estuvo mucho tiempo en tratamiento por depresión, oscila entre el ánimo de sentirse arropada por el barrio y la desesperación de no ver una solución a su situación a corto plazo. Ahora, la Asamblea de Usera, de donde partió ese impulso de solidaridad que no quiere detenerse, piensa en organizarse para dar nuevos pasos al frente. Como explica María del Mar Serrano, otra participante en la asamblea, “estamos pensando acciones para denunciar y visibilizar, no sólo la situación de esta familia, sino también el hecho de que, a raíz de todos los recortes sociales, esta situación se va a convertir en el porvenir de cada vez más gente”.
