Vecinos afectados por la venta de las promociones públicas de alquiler Verona 203 A y B, de las calle Berrocal 52 y 56, junto con miembros de AVIB y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), se reunieron ayer con representantes de la EMVS para trasladar su rechazo a la venta de las viviendas. Los representantes de la EMVS, ante el aluvión de argumentos de los vecinos afectados en contra de la venta de los inmuebles, expresaron la decisión del Consejo de Administración de la empresa municipal de seguir adelante con esta nueva política de alquiler, vendiendo inmuebles públicos a precio de saldo a empresas privadas, dejando claro que su decisión es inamovible. Ante la falta de voluntad dialogante y negociadora de la EMVS, los vecinos afectados estudian recurrir esta situación por vía administrativa y judicial. Igualmente, los representantes de la EMVS, a pesar de la documentación presentada que lo pone en seria duda, insisten en que estas viviendas no se convocaron ni contrataron con opción a compra, y que es un problema personal del que así lo creyera. Los vecinos acusaron a la EMVS de crear falsas expectativas e igualmente estudian la reclamación judicial de sus derechos como inquilinos. La EMVS se mostró más abierta ante las demandas de solución de los graves problemas de deficiencias que sufren los inmuebles. Se comprometieron a la reparación de las humedades del inmueble de la calle Berrocal 56 y a estudiar el resto de deficiencias denunciadas por los vecinos. Sin embargo, tras varios años reclamando una solución, los vecinos desconfían de la voluntad real de la EMVS. Desde AVIB entendemos que la venta de las viviendas públicas de alquiler a una empresa privada, deja a los actuales inquilinos en una situación de inseguridad jurídica, al ver cómo sus viviendas pasan de estar gestionadas con criterios sociales, a ser administradas con el beneficio económico como único fin, y se vienen al traste las expectativas generadas con la emrpesa municipal. Y por otro lado, supone un retroceso en la política de vivienda y alquiler público del Ayuntamiento de Madrid, al vender a bajo coste unos inmuebles públicos, construidos con el dinero de los madrileños, que por un precio de compra de unos 90.000 euros por vivienda aproximadamente, podrán ser puestos a la venta en el mercado libre al precio que estime oportuno el futuro propietario. Por eso os animamos a que firméis en la campaña de recogida de firmas contra la subasta de esta promociones.
