Vidas (de)pendientes de una carta

La llamada de la Consejería llegó una semana tarde. Quintina ya se había muerto. «Ya no pueden hacer nada. Solo ir al cementerio», les replicó Antonio, el yerno de la fallecida. Llevaban más de dos años y medio esperando a que alguien se acercase a valorar el estado de la anciana, postrada en una silla de ruedas. No todos los casos son así, tan trágicos, pero las estadísticas oficiales dejan muy mal a Madrid. Tanto que la región aparece la penúltima en las listas. Solo Canarias está aplicando peor la Ley de Dependencia, según los últimos datos, a 1 de octubre, publicados por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid tiene 40.134 personas beneficiarias que reciben prestación, número que ponderado según la población (casi 6,4 millones) supone el 0,63%. La media española está en 1,34%, más del doble. En Cantabria, por poner un ejemplo modélico, recibe prestación el 2,31%. En Cataluña, comparable con Madrid en cuanto a población, el 1,46%. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales niega la mayor. La comparación no es justa para Madrid, asegura, porque la región ya tenía a muchos dependientes atendidos antes de la ley. «Los servicios residenciales son mucho más numerosos que en otras comunidades», afirma una portavoz. La Consejería aporta un dato del Libro Blanco de la Dependencia: en 2004, cuando se elaboró, Andalucía tenía 45 personas con discapacidad severa y total por cada 1.000 habitantes, mientras que en Madrid había 25. «Andalucía tiene el doble de población en situación de dependencia que Madrid, por lo que nunca vamos a tener el mismo número de solicitudes», argumenta. Los familiares de Quintina tuvieron que pagar 1.850 euros al mes para que la mujer fuera atendida en una residencia. Su pensión no llegaba a los 600 euros mensuales. Ahora, litigan para conseguir que la Administración les devuelva con carácter retroactivo algo de ese dinero. «Si lo hubieran hecho a su tiempo es lo que nos tendrían que haber dado», razona Antonio, que no tiene muchas esperanzas de que su demanda prospere. No es la única. José Luis Ausín, abogado de la Plataforma de Alcorcón, lleva entre manos muchos casos semejantes. «Las demandas en las que ya estaba hecha la valoración antes del fallecimiento sí tienen más posibilidades de prosperar», explican desde esta asociación, pionera en Madrid en reclamar los derechos de los afectados. Ahora son cerca de una cincuentena en la Comunidad. Mercedes Muñoz Calero falleció a los 98 años, no hace ni un mes, sin haber recibido la ayuda. Hace tres años se cayó y se rompió la cadera. Su familia, que decidió cuidarla en casa con personal especializado -«si salía al médico o a cualquier cosa se desorientaba mucho y volvía peor, así que ni nos planteamos una residencia», explica su hija, Mercedes Bernardo- pidió la ayuda en enero de 2008. La valoraron un año después con un 95% de dependencia. «Falleció en septiembre sin haber recibido ninguna ayuda, ni siquiera una comunicación o una explicación sobre ello. Esta es la verdadera situación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid», escribió a este periódico su hija. «Tanta propaganda con la ley y es todo mentira. Nos decían que no nos preocupáramos, que la ayuda tiene efecto retroactivo. Y yo contestaba ‘es que mi madre se va a morir», afirmó ayer. Las cifras insisten en volverse contra Madrid. Aunque se obvie la variable de la población total, Madrid sigue saliendo mal parada en aplicación de la ley. Se toma el número de dictámenes, es decir, las personas ya valoradas y que tienen derecho a la prestación (grado II y grado III; el I entra en vigor el año que viene): 63.803. Y cuántas la están recibiendo efectivamente: 40.134. Resulta que solo 6 de cada 10 (62,9%) están atendidas. Un porcentaje menor que el de Cataluña (73,6%), Andalucía (76,3%), País Vasco (81%)… De hecho, Madrid es la tercera por la cola. Cuando Victoriano Gago escribió una carta al director de EL PAÍS en abril pasado, la tituló: 1.040 días, 34 meses (¡casi tres años!), esperando resolución de la Ley de Dependencia. Ahora actualiza la espera: «Creo que son 39,5 meses. Yo, mientras tanto, escribo cada tres meses a la Administración para recordárselo». Su madre, Máxima Castilla, de 96 años, enferma de alzhéimer, lleva ese tiempo esperando la ayuda. Fue calificada como gran dependiente el 29 de junio de 2007. «Esto nos ocurre a los que en algún momento no hemos aceptado una propuesta. Hace dos años se presentó una trabajadora social en casa. Si firman aquí, les damos tanto, nos dijo. Nos pareció irregular. No nos comunicaban nada por escrito», explica. «Ahora estamos en un limbo. No podemos recurrir contra una decisión de la Administración porque esa decisión no se ha producido». Lo único que se le ocurre es poner una denuncia por prevaricación. «Por alargar de forma tan injusta el proceso», dice. «Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le escribimos protestando, nos contesta que le demos un abrazo a doña Máxima; posiblemente se refiere al abrazo del oso, es decir, asfixiarla». Carmen tiene 36 años y lleva un año sin tener vida. Vida más allá del cuidado y la preocupación por su padre. En diciembre de 2009, «el día de la lotería, el 22», sufrió un ataque que le mantiene postrado y alimentado por una sonda estomacal. Desde entonces, Carmen, su madre y sus dos hermanas, dedican todo su tiempo al cuidado del hombre, de 77 años e ingresado en el Hospital Clínico San Carlos. Ahora se encuentran con que no tienen ninguna clase de apoyo. Y una sola expectativa: «Esperar».