Algunos vecinos de la calle Berrocal no duermen tranquilos. Viven de alquiler en un edificio de protección oficial en Villaverde que el 25 de mayo pasará a manos privadas. Ese día se formaliza el contrato por el que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) adjudica en subasta cuatro promociones a un nuevo propietario (Lazora). Lo que quita el sueño a las promociones afectadas de Villaverde, Vallecas y a las dos de Carabanchel es la incertidumbre de qué pasará con los inquilinos cuando se termine el contrato de alquiler que firmaron en su día con el Ayuntamiento. La mayoría asegura que plantó su firma convencida de que después de 10 años pagando una renta mensual, podría adquirir su casa en propiedad. Atraídos por esas condiciones, muchos jóvenes se apuntaron a la promoción. Pero lo habían entendido mal. Donde ellos creían que ponía opción a compra, la EMVS hablaba de una posibilidad: «Finalizada la vigencia del contrato, el Consejo de Administración de la EMVS podrá facultativamente ofrecer en venta al inquilino…». Eso, solo en el caso de los veteranos que entraron a vivir en 2003, 2004 o 2006. Los nuevos vecinos de la calle Berrocal, números 52 y 56, ya no leen esa cláusula. «En el borrador de mi contrato sí aparecía pero en el que tenía que firmar ya no», explica Sonia López, que lleva seis meses en su nuevo hogar. Los documentos que enseña le dan la razón. Marzena Brodowska, polaca de 42 años, tampoco sabe nada de esa posibilidad «facultativa» de comprar después de alquilar. Lleva pocos meses en un tercer piso y asegura que le ofrecieron 10 años como al resto, «pero luego en realidad eran cinco y solo en alquiler», protesta. «Eso ya no me convenía y quise echarme atrás pero me dijeron que me penalizarían» sin poder acceder a otra vivienda de protección pública en cinco años. Muchos de los que se meten en promociones de vivienda protegida inician un proyecto de vida que dure más de 10 años. Quizá lo que indujo a confusión a los vecinos era la publicidad que leyeron acerca de las promociones. La web municipal aún conserva una nota de diciembre de 2004 en la que informa de una oferta de 2.903 viviendas protegidas, 797 de ellas (en Carabanchel y Villaverde) «de alquiler con opción a compra, cuyas rentas oscilan entre los 278 euros y los 460 euros». El candidato socialista a la alcaldía, Jaime Lissavetzky, escuchó ayer las reclamaciones de estos y otros vecinos. Además, visitó algunas de sus casas para comprobar ciertas quejas por desperfectos. Antes de irse, prometió que intentaría romper el contrato con Lazora antes de que se formalice el 25 de mayo. Si no fuera «técnicamente posible», el socialista dijo que buscará otras soluciones. El verano pasado, la misma incertidumbre se vivió en Carabanchel, Moratalaz, Sanchinarro y Vallecas. La EMVS también subastó sus viviendas para compensar la deuda de 1.004 millones de euros que arrastraba la empresa. En ese momento, afirmaron que la empresa privada adjudicataria se comprometía a mantener las mismas condiciones del contrato de alquiler. Ayer, la EMVS no confirmó a este periódico esta circunstancia ni ninguna otra. A lo único a lo que pueden aferrarse los vecinos es a la carta fechada el 11 de marzo en la que se les informaba de la subasta. «El adjudicatario… estará obligado a subrogarse en derechos y obligaciones». ¿Y cuando se acabe el contrato de alquiler? «Lazora es una empresa de alquileres, así que…», insinuaba otro de los afectados. La sospecha unánime en la calle Berrocal es que el precio de los alquileres no será tan asequible como ahora.
